LA LEGALIZACIÓN DEL P.C.E.. 
 Gobernación autoriza la inscripción del P.C.E. en el registro de asociaciones     
 
 ABC.    10/04/1977.  Página: 5,6. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

ABC. DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1977. PAG. 5.

LA LEGALIZACIÓN DEL «P. C. E.»

GOBERNACIÓN AUTORIZA LA INSCRIPCIÓN DEL «P. C. E.» EN EL REGISTRO DE ASOCIACIONES

El Ministerio de la Gobernación, en uso de sus facultades tras la devolución por la Sala Cuarta del

Tribunal Supremo del expediente, del «Partido Comunista de España, entre otros, hizo pública a última

hora de la tarde su resolución legalizando al P. C. E.» y, en consecuencia, autorizando su inscripción en el

Registro de Asociaciones Políticas. El texto de la resolución es el siguiente:

«En el procedimiento instruido por este Ministerio, para cumplimiento de la sentencia dictada en 1 de

abril de 1977 por la Sala Cuarta del Tribuna! Supremo de Justicia, recaída en expediente especial número

uno, y

RESULTANDO que el 11 de febrero de 1977 tuvieron entrada en este Departamento acta notarial y

Estatutos del "Partido Comunista de España" ("P. C. E.") para su inscripción en el Registro de

Asociaciones Políticas, y recabado dictamen de la Asesoría Jurídica, que fue emitido el siguiente día 16,

se dictó acuerdo con fecha 22 de los mismos mes y año en el que, con suspensión de la inscripción en el

aludido Registro, por presumir la concurrencia de supuestos de ilicitud penal, se ordenaba la remisión de

la documentación presentada al Tribunal Supremo de Justicia.

RESULTANDO que en relación con el expediente arriba mencionado, la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo de Justicia ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1977, cuyo fallo, literalmente dice: "Que

sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declararnos la falta de jurisdicción de

esta Sala para conocer de las presentes actuaciones relativas a la inscripción en el Registro de

Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación del "Partido Comunista de España";

debernos anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del presente

año, en el particular extremo del mismo que ordena la remisión del expediente administrativo a este

Tribunal; acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que para

declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella la competan. No ha lugar a

declaración alguna sobre imposición de costas.» La falta de jurisdicción de la Sala, según el penúltimo de

sus considerandos, que sintetiza toda la argumentación anterior, se basa "en la ilicitud penal presumida

por la Administración que, en todo caso, habría de dirimirse ante la jurisdicción penal ordinaria en la

forma establecida por las leyes".

RESULTANDO que recibido el expediente administrativo, con testimonio de la sentencia, el día 6 de los

corrientes, este Departamento, a la vista del informe emitido por el director general de Política Interior,

ordenó el cumplimiento de la sentencia, la inserción de la misma en el ´Boletín Oficial del Estado" y que

se diera cuenta al ministerio fiscal, lo que se llevó a efecto seguidamente, habiéndose dictado la

correspondiente orden, que aparece publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de hoy y trasladando al

fiscal del Reino los antecedentes necesarios, incluidos los Estatutos de la Asociación, para que

manifestara si de todo ello o del hecho de haber promovido su constitución y solicitado la inscripción

pudiera deducirse que existiera delito o presunción de su comisión, que debiera dar lugar al ejercicio de

acciones penales.

RESULTANDO que con fecha de hoy, el fiscal del Reino, oída, y de conformidad con la Junta de

Fiscales Generales, dice: "1.°) Que de dicha documentación no se desprende ningún dato ni contiene

ninguna manifestación que determine de modo directo la incriminación del expresado partido en

cualquiera de tas formas de asociación ilícita que define y castiga el articulo 172 del Código Penal, en su

reciente redacción; 2.°) Que el sólo hecho de solicitar la inscripción o legalización de un partido, aunque

éste pueda resultar ilegal y se deniegue la solicitud, no acarrea responsabilidad penal para los solicitantes,

ni pueden fundar la presunción de comisión de delito, sin perjuicio de ejercitar las acciones penales en

cuanto existan conductas o actos que puedan ser tipificados en el Código Penal, o evidencien la ilicitud de

los fines del partido, conforme al ya citado artículo 172 de) Código Penal; 3.°) A los efectos que fueren

procedentes, el Ministerio Fiscal hace constar la existencia de procedimientos en tramitación contra

dirigentes y miembros del denominado "Partido Comunista Español."

CONSIDERANDO que con arreglo al artículo 103 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, la ejecución de las sentencias dictadas por las Salas de este orden judicial, corresponderá

al órgano administrativo que hubiere dictado el acto objeto del proceso y esta competencia formal

conlleva, a su vez, la competencia sustantiva para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la

inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas, en virtud de cuanto dice el Considerando quinto de

la sentencia de 1 de abril de 1977, en el cual se establece que la naturaleza de la actividad estatal referida

a tal inscripción es «típicamente administrativa» y «por imperativo constitucional su ejercicio

corresponde a la Administración..., con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la

Administración no puede ser despojada, en todo ni en parte, del ejercicio de tales atribuciones

constitucionalmente conferidas y que forman parte de su propia esencia».

CONSIDERANDO que el fallo judicial de cuya ejecución se trata en este momento, que anula «el acto

del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del presente año, en el particular extremo del

mismo que ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, acordando, por tanto,

su devolución a dicho Ministerio», no afecta a la suspensión del acto de inscripción que tenía como

elemento causal la presunción de ilicitud penal de la asociación; tal suspensión tiene carácter provisional

y cautelar que puede y debe dar paso a una resolución definitiva, de signo positivo o negativo, tan sólo en

función de esa misma ilicitud penal, a dirimir «ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma establecida

por las leyes», según expresa el penúltimo de sus Considerandos, por la vía que señala el artículo 262 de

la ley de Enjuiciamiento Criminal, como cuida de aclarar el párrafo antecedente de la propia sentencia.

CONSIDERANDO que como consecuencia de lo anteriormente expuesto y de la reserva «de las acciones

que para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella le competan»,

según el pronunciamiento literal del fallo judicial transcrito, resulta evidente que para el debido

cumplimiento del mismo había de darse traslado al ministerio fiscal, órgano de comunicación normal

entre el Gobierno y los Tribunales, a los efectos de que, en su caso, pudiera ejercitar las acciones penales

pertinentes, de conformidad no sólo con el articulo 262, sino también con el 105 de la ley de

Enjuiciamiento Criminal, por lo que, una vez que el fiscal del Reino dé conformidad con el parecer de la

Junta de Fiscales Generales, manifiesta que no ha encontrado base táctica ni jurídica para el ejercicio de

las acciones penales a que aluden los preceptos antes citados, en relación con el «Partido Comunista de

España», sin que, por otra parte, se dedujera en su momento oportuno el tanto de culpa correspondiente, a

los mismos electos, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resulta claro que la duda o presunción de

ilicitud penal surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente queda desprovista de

fundamento y contenido como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el

Registro, acuerdo que en definitiva debe ser dejado sin efecto para proceder a la inscripción solicitada,

por haber desaparecido el único obstáculo legal que en su día se opuso a la misma, decisión que no

impide el que, si en un futuro se traspasaran los limites del derecho de asociación, puedan y deban

incriminarse las conductas eventualmente merecedoras de sanción penal.

Por todo lo cual, este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo

de 1 de abril de 1977 y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a bien disponer que se deje

sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la denominada

«Partido Comunista de España» («P. C. E.»), suspensión acordada con fecha 22 de febrero del corriente

año, y que se proceda a la inscripción en el referido Registro de la citada Asociación.

Madrid, 9 de abril de 1977.

 

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