Autor: Ruiz Gallardón, José María. 
 LA LEGALIZACIO¡ÓN DEL .PC.E. Apunte jurídico. 
 Error de derecho     
 
 ABC.    10/04/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

DOMINGO 10 DE ABRIL DE 1977. PAG. 6.

APUNTE JURÍDICO

ERROR DE DERECHO

Por José María RUIZ GALLARDON

No he de escribir hoy desde el punto de vista de la política. Sí quiero y debo referirme, desde una

perspectiva jurídica - y con el poco tiempo de que dispongo para este comentario de urgencia -, a la

resolución del Ministerio de la Gobernación por la que se legaliza al «Partido Comunista» de España.

1 Por lo pronto, tal resolución no es conforme con la interpretación auténtica del Código Penal vigente.

Basta recordar cuál es la «mens legislatoris», la idea del supremo órgano legislativo español, que procedió

a reformar el Código Penal: las Cortes Españolas. Allí se dijo, desde la Ponencia y desde el Gobierno, que

con la modificación propugnada no se legalizaba el «Partido Comunista» de España, Se dijo más: se

afirmó, por el ponente, que si otra cosa se entendiera, él mismo hubiera votado en contra. Y con él.

prácticamente, todos los procuradores en Cortes.

2 Pero más discutible aún resulta la fundamentación de la resolución gubernativa. En ella se nos dice, en

su tercer considerando, que «el fiscal del Reino, de conformidad con el parecer de la Junta de Fiscales

Generales, manifiesta que no ha encontrado base fáctica ni jurídica para el ejercicio de las acciones

penales». Pues bien, lo que afirma el fiscal del Reino (según se lee en el cuarto resultando de la misma

resolución) es que «de la documentación presentada no se desprende ningún dato que determine de modo

directo la incriminación del expresado partido en cualquiera de las formas de asociación ilícita».

¡Naturalmente de que los Estatutos no se desprende ninguna ilicitud! ¡Pueden estar ustedes seguros que

servirían para una fundación benéfico-docente! Pero esos Estatutos van a servir para que se asocien, y

ahora, desde un punto de vista administrativo con licitud, personas sobre las cuales, y según se sigue

leyendo en el citado resultando cuarto, «el Ministerio fiscal hace constar la existencia de procedimientos

en tramitación contra dirigentes y miembros del denominado «Partido Comunista Español». ¡El

Ministerio fiscal no puede ser más explícito de lo que es! Y la historia y las actuaciones penales de los

hoy procesados no es al Ministerio de la Gobernación al que corresponde su enjuiciamiento, sino a los

Tribunales competentes de este orden jurisdiccional. Y en ello están.

3 Y lo peor de todo, con ser mucho lo apuntado, es llegar a decir que la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo, al no deducir el tanto de culpa correspondiente, da por sobreentendido que no considera incurso

al «Partido Comunista de España» en el tipo penal de asociaciones ilícitas. No hay tal. Primero, porque la

Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha hecho lo que ha debido: devolver - y advertir - al órgano

administrativo (que pretende endosarle la resolución) para que proceda de acuerdo con lo ordenado en el

artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Y segundo, porque la obligación, tanto de la Sala

Cuarta del Tribunal Supremo como, mucho antes, del propio Ministerio de la Gobernación, es estar a lo

que en su día decidan los Tribunales penales competentes que tienen hoy - lo repito - bajo su jurisdicción

el tema concreto de si es o no legal asociarse bajo el nombre y para obtener los verdaderos fines que

pretende y persigue el «Partido Comunista de España».

Si ha habido omisión en el cumplimiento del deber de incoación del correspondiente procedimiento, no es

imputable a los Tribunales de Justicia, si no antes a quien, como el Ministerio de la Gobernación, tuvo, el

primero, conocimiento de unos hechos que una interpretación auténtica de la Ley reputa delictivos.

J. M. R G

 

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