Legalización del PC. 
 El Supremo devolvió el expediente al gobierno     
 
 Arriba.    03/04/1977.  Página: 1, 8-9. Páginas: 3. Párrafos: 27. 

LEGALIZACIÓN DEL PC

EL SUPREMO DEVOLVIÓ EL EXPEDIENTE AL GOBIERNO

A las once de la mañana se notificó oficialmente la sentencia

Falta de jurisdicción en la Sala para decidir la inscripción o no en el Registro del Ministerio de la Gobernación del PC

El Alto Tribunal no se pronuncia sobre el fondo del asunto y, en concreto, sobre la presunta ilicitud penal

No ha lugar a declaración alguna sobre imposición de costas

Devuelto, igualmente, el expediente del Partido Carlista

A las once y cinco de la mañana de ayer, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia oficial sobre el caso del Partido Comunista, decidiendo devolver al Gobierno el expediente de dicho partido, pues —según la sentencia— no existe jurisdicción en la Sala Cuarta para decidir la inscripción o no en el Registro de Asociaciones Políticas del Ministerio de la Gobernación al Partido Comunista.

Por último, en el fallo de la sentencia se advierte que no ha lugar a declaración alguna sobre imposición de costas por parte del Gobierno.

Por su parte, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España, tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, ha hecho llegar a los medios de comunicación una declaración, por la cual expresa que la declaración del Supremo coloca al Gobierno ante la responsabilidad de resolver sin más dilaciones la legalización del PC.

Igualmente, la Sala Cuarta ha decidido devolver al Gobierno el expediente del Partido Carlista, alegando los mismos motivos que en su sentencia sobre la legalidad del Partido Comunista.

(Págs. 8 y 9)

NOTIFICADA LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE EL PC

El secretario de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Ricardo Rodríguez, firma, en presencia de don Cristóbal Bonilla, Procurador del Partido Comunista, la resolución a la que llegó dicha Sala sobre la legalización del PC (Foto Europa)

MADRID (De nuestra Redacción.)

A las once y cinco de la mañana de ayer, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo notificó al procurador de dicho partido, don Cristóbal Bonilla, la resolución del Alto Tribunal sobre la legalización del Partido Comunista de España Esta comunicación fue hecha por el secretario de la Sala, don Ricardo Rodríguez En ese momento se encontraban presentes trece periodistas y un abogado

El texto de la sentencia dice:

Considerando: que habiendo hecho uso el Ministerio de la Gobernación en este expediente de la facultad de remitir a este Alto Tribunal la documentación presentada a los efectos previstos en et artículo primero del real decreto-ley numere 12 de 3 de febrero de 1977, en función de los supuestos contemplados en el mismo, la Sala, al dictar la resolución procedente en derecho, reclama para sí su soberana y plena jurisdicción para definir y valorar, en su aspecto sustantivo, la naturaleza jurídica del acto decisorio que de ella se impetra, y no menos, la del procedimiento a través del cual habría de ser producido. Estas propias definiciones nos mostrarán si este supremo órgano jurisdiccional está legítimamente requerido para el ejercicio de una función judicial, así como el modo y eficacia en que en su esfera jurisdiccional pudieran incidir los preceptos contenidos en el artículo primero número 1 y 2 del real decreto-ley precedentemente mencionado y determinante de esta actuación.

Considerando que para llegar a estas inexcusables definiciones hemos de partir de la normativa de más elevado rango de nuestro ordenamiento jurídico; fundamental y orgánica delimitadoras de las potestades o funciones del Estado, sin olvidar los códigos de enjuiciamiento que armónica y sistemáticamente regulan en concreto el ejercicio de la potestad de juzgar, siempre dentro de los respectivos órdenes judiciales.

Considerando: que a la luz de los principios universalmente aceptados y de nuestra propia normativa constitucional, la concreta actividad estatal de autorizar la inscripción de un acto, en este caso la constitución de una asociación política, en un registro público, se manifiesta por sí misma como típica actuación del Poder ejecutivo o de la Administración, según se mire, desde el punto de vista de su naturaleza de acto político Instrumental o accesorio en cuanto es condicionante de una acción fundamental de Gobierno, o se ponga de relieve el régimen jurídico en que el acto se produce En todo caso, estamos ante un acto concreto y práctico, material, si bien jurídicamente condicionado, orientado a la inmediata obtención de determinados fines del Estado, caracteres que tipifican la función ejecutiva o de la Administración, y que se corresponden con la definición constitucional del artículo 40 de la Ley Orgánica del Estado cuando dice que la Administración queda constituida por órganos jerárquicamente ordenados, y asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general.

Restablecer el imperio del Derecho

Considerando: que a diferencia de la Administración, la jurisdicción participa en la realización de los fines del Estado aplicando su actividad, no a la satisfacción de concretas necesidades materiales, aun de trascendencia jurídica, que constituyen la esencia de los actos de la Administración, sino que su misión es la de restablecer el imperio del derecho, cuando éste ha sido violado con ocasión de aquellas actividades de la Administración, o la de declararlas a i u s t a das a la ley, ruando inmotivadamente hubieren sido impugnadas. Consecuentemente corresponde constitucionalmente a la función jurisdiccional (artículo 31 de la Ley Orgánica del Estado) juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás (juicios), que establezcan las leyes. Esta función le es atribuida con las características de exclusiva y excluyente, como nos lo anuncian ya los artículos 2 y 4 de la ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870, nos lo ratifican y amplían la declaración general y las bases prime-

EL SUPREMO DEVOLVIO EL EXPEDIENTE AL GOBIERNO

ra números 2 y 4, y tercera, números 13, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Justicia, de 28 de noviembre de 1974, preceptos determinativos de los diversos órdenes judiciales bajo el sistema de numerus clausus y definitorio el último de los citados, de la naturaleza imperativa de las normas sobre extensión y límites de la jurisdicción. Su ejercicio responde a los principios de legalidad, rogación y contradicción que en modo alguno inspiran el procedimiento elegido para el trámite de estas actuaciones.

Considerando: que partiendo de las afirmaciones contenidas en el considerando tercero en relación con la naturaleza de la actividad estatal referida a la inscripción de una asociación política en el registro, quedó definida ésta como típicamente administrativa en cuanto reúne los enunciados caracteres de actividad material generadora de efectos jurídicos, orientada a la satisfacción y cumplimiento de concretos fines del Estado, en este caso el ejercicio de los derechos políticos de los españoles. De ello se sigue: a) que por imperativo constitucional (artículo 40 de la Ley Orgánica del Estado) su ejercicio corresponde a la Administración; b) que le corresponde con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración no puede ser despojada por una ley ordinaria, en todo ni en parte del ejercicio de sus atribuciones, que, constitucionalmente, le vienen conferidas y forman parte integrante de su propia esencia; c) que por consiguiente, la justicia,... a su vez, no puede compartir, participar, suplir ni aun cumplimentar a la Administración en el ejercicio de sus peculiares actividades administrativas.

Considerando: que en los expedientes que contempla el real decreto-ley de 8 de febrero último, incoados en vía inequívocamente administrativa y elevados a la jurisdicción para su prosecución por decisión unilateral de la Administración, no perviven, como en sus alegaciones reconoce el abogado del Estado las características del proceso contencioso-administrativo que estableció la ley 21 de 14 de junio de 1976, tanto por falta de un acto administrativo definitivo, como por falta de impulsión procesal, pues las actuaciones, desde la presentación de la documentación en el Ministerio, progresan de oficio y aún debemos añadir que progresan sin solución de continuidad ni, por tanto, mutación de su inicial naturaleza, constituyendo las que se encomiendan a la Sala, mera prolongación de la instancia gubernativa. Conservan sus inconfundibles rasgos de procedimiento administrativo, y a este tratamiento responde el contenido literal de los números 2 y 3, artículo primero, de tan mencionado real decreto-ley cuyo análisis atento y reflexivo es esencial y decisivo como única norma válidamente invocable, dados —además de su evidente inoperatividad para modificar

sustancialmente la naturaleza de una actuación administrativa definida por disposición con rango de ley—, los graves reparos de ilegalidad oponibles al real decreto de 9 de febrero último, dictado para regular el procedimiento ante esta Sala, ya que lo fue, no solamente con infracción del apartado i) artículo 10 de la ley Constitutiva de las Cortes, dada la total ausencia de bases delimitadoras de la regulación del proceso, sino también sin que mediara autorización expresa del real decreto-ley de 8 de febrero para tal regulación. No puede reconocerse este carácter a su artículo quinto, concesivo, si de una autorización al Gobierno para un desarrollo reglamentario, pero insuficiente a constituir habilitación idónea para dictar normas de derecho procesal.

Considerando: que las implicaciones jurídico-penales que pudieran también derivarse del tema objeto de estas actuaciones exigen de la Sala particular examen de ellas, y a este respecto se observa que tanto de los escritos del Ministerio de la Gobernación, como de la representación de los promotores del Partido Comunista de España, se está contemplando la Inclusión o exclusión de esta asociación política en algún tipo penal del código sustantivo; baste la cita reiterada en dichos escritos de los artículos 172, 173 y 174 del referido código en relación con la ley de 19 de julio de 1976 modificadora de dichos preceptos penales, recogiendo a su vez la jurisprudencia de la Sala Segunda del mismo Tribunal en las abundantes sentencias mencionadas en el Informe del Ministerio, demostrativo todo de hallarse en contemplación de una ilicitud penal que el mismo informe proclama.

Considerando: que esta ilicitud penal presumida por la Administración remitente, excluye forzosamente de la jurisdicción de esta Sala de lo contencioso-adminisírativo, el enjuiciamiento del tema a ella sometido por expresa disposición del artículo segundo de la ley de 27 de diciembre de 1956, ya que las cuestiones de índole penal, entre otras, no deben ser decididas por esta jurisdicción; mejor dicho, por este orden judicial, ni aun en el concepto de perjudiciales, según el apartado a) del precepto legal invocado, sin que a ello pueda oponerse el contenido del artículo tercero, porque la ley que en dicho apartado determina que atribuyera el conocimiento a esta jurisdicción, no podría estar en contradicción con el segundo antes citado y tampoco con el cuatro de la propia ley, que para cuestiones perjudiciales reputa competente a esta jurisdicción, salvo si se trata de una prejudicialidad de carácter penal, declaración que pone evidentemente de relieve la improcedencia de someter a esta vía contenciosa el conocimiento y decisión del tema remitido.

Considerando: que contribuye aún más a esta improcedencia la razón de que sí según el artículo primero del Código Penal son delitos o faltas las acciones u omisiones voluntarias penadas por la ley, nunca podría esta Sala en correctos términos jurídico-procesales, definir o confirmar con trascendencia judicial la existencia, ni aun indiciaria de una ilicitud pena!; y se arguye que se trata solamente de una presunción, el mandato del artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal obligaría a la investigación sumarial adecuada, ya que todo delito o la presunción de su comisión, determina su persecución en el correspondiente procedimiento y ante el orden judicial penal, sin que pueda elegirse una vía administrativa para depurar este tipo de conducta.

Considerando: que por todas estas razones, la falta de jurisdicción, ahora en concreto, de esta Sala es notoria para la resolución del tema que se propone en el presente expediente, basada, como antes se ha dicho, en la ilicitud penal presumida por la Administración, que, en todo caso, habría de dirimirse ante la jurisdicción penal ordenaría en la forma, establecida por las leyes.

Considerando: por cuanto precede y partiendo de la existencia de aquella declaración presuntiva, no es adecuado en derecho el acuerdo de remitir a esta Sala el expediente a que nos estamos refiriendo.

Fallamos: que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta de jurisdicción de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones, relativas a la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas, de la promovida con la denominación de Partido Comunista de España, debemos anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del presente año, en el particular extremo del mismo, que ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal, acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que

para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración pública, a ella la competan. No ha lugar a declaración alguna sobre imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y Colección Legislativa, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Firman la sentencia don Enrique Medina Balmaseda, presidente accidental; don Fernando Vidal Gutiérrez, don José Luis Ponce de León y Belloso, don Manuel Gordillo García y don Félix Fernández Tejedor.

Comunicado del Comité ejecutivo del PC

MADRID. {De nuestra Redacción.)—El comité ejecutivo del Partido Comunista de España hizo público ayer un comunicado en el que señala que a decisión del Tribunal Supremo coloca al Gobierno ante la responsabilidad de resolver, sin más dilaciones, la legalización del PCE y de los demás partidos y organizaciones pendientes de reconocimiento.

El comité ejecutivo estima que ha llegado la hora de poner fin a las contradicciones que aún presiden la vida política del país, y que la legalización del PC «es la piedra de toque de la sinceridad y de los propósitos democráticos del Gobierno» Finalmente, invita a todos los partidos de la oposición de democrática a reclamar del Gobierno la inmediata legalización del Partido Comunista y de las de demás organizaciones.

Falta de jurisdicción en la sala para decidir la inscripción o no en el Registro del Ministerio de la Gobernación, del PC

Alto Tribunal no se pronuncia sobre el fondo del aunto y, en concreto, sobre la presunta ilicitud penal

Domingo 3 abríl 1977

 

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