Autor: Páez, Cristóbal. 
   El PCE, problema número uno     
 
 Arriba.    01/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 6. 

OBSERVATORIO

EL PCE, PROBLEMA NUMERO UNO

POCAS veces habrá tenido que soportar tantos rigores una Sala de Justicia. Sobre la IV del

Tribunal Supremo se ha desatado la muerte en la figura insigne de su presidente, el que fuera

notable jurista y gran caballero, don José María Cordero de Torres, la objeción en su sucesor,

el ilustre magistrado y académico don Juan Becerril Antón-Miralles, y la enfermedad en los

también dignísimos magistrados señores Suárez Manteola, presidente en funciones, Martín

Martín y Vidal.

Tal suma de calamidades ha caído precisamente sobre el alto Tribunal, al que el Gobierno

había remitido la documentación que, a efectos de inscripción en el Registro de Asociaciones

Políticas, presentó en su día el Partido Comunista de España (PCE). El Gobierno, como es

sabido, amparaba dicha remisión en lo establecido en el decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero,

el cual, al modificar lo dispuesto por la ley 21/1976, de 14 de junio, declara que «si se presume

la ilicitud penal de una asociación, el Ministerio de la Gobernación, dentro de un plazo de diez

días y con suspensión de la inscripción, remitirá la documentación presentada a la Sala del

Tribunal Supremo a que se refiere el artículo 8.° de la ley (Sala IV). La resolución judicial

correspondiente sobre la procedencia o no de practicar la inscripción deberá recaer en el plazo

de treinta días, contados desde la recepción de los documentos por la Sala».

Desde el envío de los documentos, acordado por el Consejo de Ministros en su reunión del día

9 de febrero pasado, a la recitada Sala IV, hasta la fecha, la opinión pública se ha manifestado

a través de un centón de comentarios, como fácilmente puede comprobarse en las

hemerotecas. La mayor parte de ellos venían a decir, en sustancia, que se había trasladado a

la esfera jurisdiccional un asunto de naturaleza estrictamente política y, en consecuencia, ajena

al específico cometido de la Magistratura.

Durante su reunión del pasado miércoles, la Sala IV se habría declarado incompetente - dicen

los periódicos - para conocer el fondo del asunto en lo que se refiere al Partido Comunista. Ello

supone, de ser cierto, la devolución del expediente al Ministerio de la Gobernación, a fin de que

la decisión sobre la procedencia o no de practicar la inscripción del PCE en el Registro de

Asociaciones Políticas se provea en la instancia político-administrativa, no en la judicial.

Aunque sin confirmación oficial todavía, éstos son los hechos. Los cuales dejan bajo la cruda

luz del día algo que, por mor de las circunstancias, ha terminado por convertirse en el problema

de los problemas políticos. La legislación del PCE es, por así decirlo, casi el único común

denominador de la oposición democrática y uno de los más grandes retos lanzados al

Gobierno, desde el exterior, para que demuestre su credibilidad, al no decretar la exclusión de

un partido que transita legalmente por la Europa occidental, cuyo modelo político es

precisamente el que aquí parece que nos disponemos a seguir.

Subsiste, pues, en toda su amplitud y dimensión un delicado problema lleno de especiales

connotaciones, si se piensa, primero, que la guerra civil, en la que el PCE jugó tan

destacadamente, todavía no ha extinguido su trágico eco, y segundo, que el rostro de dicho

partido es Santiago Carrillo, el hombre que encarna aquella peripecia y que, por tanto, hace

revivir ácidamente recuerdos que el tiempo por sí solo se encargaría de diluir en el olvido. Sin

duda alguna, el enconado tema de la presencia legalizada del PCE en el panorama político

actual habría perdido virulencia de haber querido o podido el partido librarse de los fantasmas

del pasado. Y eso que está meridianamente claro para todo el mundo, no lo está, sin embargo,

para el Partido Comunista de España.

Cristóbal PAEZ

Viernes 1 abril 1977

 

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