La legalización del PCE, en vilo     
 
 Diario 16.    30/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

La legalización del PCE, en vilo

MADRID, 30 (Dl6). - El futuro legal del Partido Comunista Español (PCE) y del Partido Carlista (PC)

quedó decidido esta mañana en la sesión a puerta cerrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. El fallo

no se hará público hasta dentro de diez días, pasada la Semana Santa.

Los magistrados de la Sala Cuarta, reunida hasta las 12,45, aplazaron la decisión sobre la legalización de

la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) para una fecha no determinada, y no entraron en la discusión

del tema respecto a la Asociación Democrática de la Mujer, tal como estaba previsto en el orden del día.

El presidente en funciones de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Enrique Medina Valmaseda, había

cambiado la composición del grupo de magistrados que fallaron hoy sobre los expedientes de cuatro

partidos políticos. Este cambio se produce tras la negativa del más alto tribunal a dar el "placet" al

nombramiento de Juan Becerril Antón-Miralles como presidente de la Sala Cuarta.

Tres nuevos magistrados, los señores Cordillo, Fernández Tejedor y Vilar, han entrado como vocales.

Dos de ellos para cubrir las vacantes dejadas por Medina Valmaseda al pasar a la presidencia de la Sala

como magistrado más antiguo, y de Martín Martín, que hoy se puso enfermo. El otro para sustituir al

magistrado Martín del Burgo, que ha sido relevado por el presidente en funciones.

Con la salida de Martín del Burgo, sólo quedaba como hombre de conocido espíritu liberal, el magistrado

Martín Martín.

La reunión de la ponencia comenzó esta mañana con media hora de retraso. Actúan como vocales los

magistrados señores Ponce de León, Gordillo y Fernández Tejedor. Como ponente figuraba Paulino

Martín Martín, quien no compareció por enfermedad. Fue sustituido por Fernando Vilar, también

considerado persona de talante liberal.

Nombramientos por designación

El criterio de libre nombramiento domina a la hora de determinar quién ha de ocupar los altos puestos del

Tribunal Supremo, decisión que, según la ley. recae en el ministro de Justicia, y que pone claramente en

evidencia la sumisión del poder judicial respecto al ejecutivo.

Desde la promulgación de la ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, el nombramiento del presidente de

Sala (además de otros cargos) tiene en España la constante histórica de venir determinado por la

designación de forma directa por el Rey o Jefe del Estado a propuesta del ministro de Justicia. Estos

nombramientos se hacen por decreto.

En el último número de la revista "Información Comercial Española", Beatriz López Pascual publica una

"Nota sobre la burocracia judicial y el sistema de nombramientos de los magistrados del Tribunal

Supremo "el único competente para juzgar la actuación del Gobierno" es precisamente éste quien lo

nombra.

Independencia condicionada

Beatriz López Pascual lanza como hipótesis de trabajo la afirmación de que "el sistema judicial español

mantiene una actuación independiente en su Administración (en el momento de dictar sentencia), pero

esta independencia viene condicionada por la actuación del propio Gobierno, el cual es en última

instancia el que decide quiénes son, y quiénes no, las personas capacitadas para desarrollar esta función",

y es entonces, insiste la licenciada en Ciencias Políticas, "cuando parece llegarse a una paradójica

contradicción".

El Tribunal Supremo es la máxima autoridad Judicial, formando la cúspide de la, escala piramidal del

orden Judicial. Dentro de la carrera se dan las siguientes categorías: Jueces de primera instancia,

magistrados, magistrados del Tribunal Supremo (este mismo apartado incluye a los presidentes de las

Audiencias Territoriales de Madrid y Barcelona, así como al inspector delegado jefe de la Inspección

Central de Tribunales), presidente de Sala del Tribunal Supremo y presidente del Tribunal Supremo.

En la actualidad, el presidente del Tribunal Supremo, debido al carácter especial del cargó, se nombra por

el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino, por un mandato de seis años, cesando por

las siguientes causas: expirar el período de su mandato, a petición propia; después de haber sido oído el

Consejo del Reino, aceptando su dimisión el Jefe del Estado; por propia decisión del Jefe del Estado, de

acuerdo con el Consejo del Reino y a propuesta de éste.

El Tribunal Supremo está dividido en seis Salas: de la Civil (Primera), de lo Criminal (Segunda), de lo

Contencioso-Administrativo (Tercera, Cuarta y Quinta) y de lo Social (Sexta).

 

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