LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA. 
 Ahora, a las elecciones     
 
 Diario 16.    11/04/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

6 / NACIONAL.

LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA

Ahora, a las elecciones

MADRID, 11 (D16). - En su primera declaración pública tras su legalización, el Comité Ejecutivo del

PCE reiteró la voluntad del partido de acudir a las elecciones y de "abrir puertas" para deshacer "los

espectros creados en cuarenta años de dictadura".

El Ejecutivo del PCE permaneció ayer reunido durante varias horas en su sede de la calle de Peligros.

Faltaban varios miembros, que ce encuentran viajando por provincias, y el secretario genenral, Santiago

Carrillo, en París visitando a su hermano Roberto, gravemente enfermo. Carrillo regresará esta misma

noche, a las diez, por avión.

En un comunicado de dos folios y medio, dado a conocer veinticuatro horas después de que una nota del

Ministerio de la Gobernación informase de la legalización del PCE. En su escrito, el Ejecutivo del Partido

Comunista recuerda los anos de clandestinidad y reitera su voluntad de "contribuir con todas sus fuerzas a

enterrar definitivamente las secuelas de la guerra".

"La legalización del PCE - dice el comunicado - contribuye a liberar a la sociedad española de los

temores y las practicas represivas del antiguo régimen." "Los comunistas, se dice después,

propugnamos la vía al socialista en la libertad."

SIN PRISAS, PERO SIN CAUSAS

MADRID, 11 (D16). - El partido Comunista de Espato ha sido legalizado en cumplimiento de la

sentencia emanada del Tribunal Supremo y su inscripción se produjo anteayer, 9 de abril, a la vista del

informe emitido por el fiscal del Reino, oída la junta de fiscales generales y de conformidad con la

misma, según comunicó el Ministerio de la Gobernación.

El ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, permaneció toda la tarde del sábado en su despacho

oficial, ocupado en comunicar a los gobernadores civiles la legalización del PCE, tarea en la que fue

ayudado por sus colaboradores y allegados.

Se estima que si la propia Sala del Supremo hubiera apreciado motivos suficientes de ilicitud penal en el

expediente del Partido Comunista, habría tenido que proceder de oficio y poner en conocimiento esas

actuaciones, dada la obligación que establece el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

Al no haberse promovido ni por parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ni por el ministerio fiscal

actuación alguna dirigida a dilucidar responsabilidades penales, se confirma que ha quedado sin efecto la

razón determinante de la suspensión de dicho partido en el Registro de Asociaciones Políticas.

Con relación a algunos comentarios suscitados por la sentencia del Tribunal Supremo alusivos a que

dicha resolución podría dar lugar a un conflicto de atribuciones entre altos órganos del Estado, la cuestión

planteada no es susceptible de subsumirse en los supuestos previstos por la ley del 14 de julio de 1972,

reguladora del procedimiento de coordinación de funciones de los altos órganos del Estado.

La solución adoptada para la legalización del Partido Comunista de España lo ha sido en cumplimiento

objetivo de la legalidad, sin apriorismos, y rodeada de las debidas garantías jurídicas, procésales y

jurisdiccionales.

En fuentes oficiales se califica la anterior decisión como ajustada a derecho y el reconocimiento que

contiene no prejuzga las posibles conductas punibles en que puedan incurrir con sus actos o

comportamientos las personas o miembros de las asociaciones.

Asimismo, y en lo relativo a comportamiento, si evidencian con su posterior actuación la ilicitud de sus

fines, conforme al ya citado artículo 172 del Código Penal.

 

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