Texto de la resolución gubernativa. 
 El P.C.E., legal     
 
 Pueblo.    10/04/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 11. 

EL P. C. E., LEGAL

Por una orden del Ministerio de la Gobernación que publicó el «Boletín Oficial del Estado» el pasado

sábado, se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída en el expediente especial número 1. dictada

por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, consecuente a la solicitud de inscripción en el Registro de

Asociaciones Políticas del Partido Comunista de España,

El texto íntegro de la resolución gubernativa que legaliza al Partido Comunista de España fue distribuido

con membrete del Ministerio de la Gobernación a las diez y media de la noche del sábado en la Dirección

General de Coordinación Informativa. Dicho texto es el siguiente:

"En el procedimiento instruido por este Ministerio para cumplimiento de la sentencia dictada en 1 de abril

de 1977 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en expediente especial número 1, y

RESULTANDO que el 11 de febrero de 1977 tuvieron entrada en éste Departamento acta notarial y

estatutos del Partido Comunista de España (P. C. E.) para su inscripción en el Registro de Asociaciones

Políticas, y recabado dictamen de la Asesoría Jurídica, que fue emitido el siguiente día 16, se dictó

acuerdo con fecha 23 de los mismos mes y año, en el que, con suspensión de la inscripción en el aludido

registro, por presumir la concurrencia de supuestos de ilicitud penal, se ordenaba la remisión de la

documentación presentada al Tribunal Supremo de Justicia.

RESULTANDO que en relación con el expediente arriba mencionado, la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo de Justicia ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1977, cuyo fallo, literalmente, dice:

«Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta de jurisdicción

de esta Sala para conocer de las presentes actuaciones relativas a la inscripción en el registro de

asociaciones políticas de la promovida con la denominación del Partido Comunista de España; debemos

anular y anulamos el acto del Ministerio de la Gobernación fecha 22 de febrero del presente año. En el

particular extremo del mismo que ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal;

acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que para declarar la

ilicitud penal que se presumen por la Administración Pública, a ella la competan. No ha lugar a

declaración alguna sobre imposición de costas.» La falta de jurisdicción de la Sala, según el penúltimo de

sus considerandos, que sintetiza toda la argumentación anterior, se basa «en la ilicitud penal presumida

por la Administración, que en todo caso habría de dirimirse ante la jurisdicción penal ordinaria en la

forma establecida por las leyes».

RESULTANDO que, recibido el expediente administrativo con testimonio de la sentencia, el día 6 de los

corrientes, este Departamento, a la vista del informe emitido por el director general de Política Interior,

ordenó el cumplimiento de la sentencia, la inserción de la misma en el., «Boletín Oficial del Estado» y

que se diera cuenta al ministerio fiscal de lo que se llevó a efecto seguidamente, habiéndose dictado la

correspondiente orden, que aparece publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de hoy, y trasladando al

fiscal del Reino los antecedentes necesarios, incluidos los estatutos de la asociación, para que manifestara

si de todo ello o del hecho de haber promovido su constitución y solicitado la inscripción, pudiera

deducirse que existiera delito, presunción de su comisión que debiera dar lugar al ejercicio de acciones

penales.

RESULTANDO que con fecha de hoy el fiscal del Reino, oída y de conformidad con la Junta de Fiscales

Generales, dice: «1.° Que de dicha documentación no se desprende ningún dato, ni contiene ninguna

manifestación, que determine de modo directo la incriminación del expresado partido en cualquiera de las

formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su reciente redacción;

2.° Que el solo hecho de solicitar la inscripción o legalización de un partido, aunque éste pueda resultar

ilegal y se deniegue la solicitud, no acarrea responsabilidad penal para los solicitantes ni puede fundar la

presunción de comisión de delito, sin perjuicio de ejercitar las acciones penales en cuanto existan

conductas o actos que puedan ser tipificados en el Código Penal o evidencien la ilicitud de los fines del

partido, conforme al va citado artículo 172 del Código Penal; 3.º A los efectos que fueren procedentes, el

ministerio fiscal hace constar la existencia de procedimientos en tramitación contra dirigentes y miembros

del denominado Partido Comunista Español.»

CONSIDERANDO que con arreglo al artículo 103 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, la ejecución de las sentencias dictadas por las galas de este orden judicial corresponderá

al órgano administrativo que hubiere dictado el acto objeto del proceso, y esta competencia formal

conlleva, a su vez, la competencia sustantiva para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la

inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas, en virtud de cuanto dice el considerando quinto de la

sentencia del 1 de abril de 1977, en el cual se establece que la naturaleza de la actividad estatal referida a

tal inscripción es «típicamente administrativa» y «por imperativo constitucional su ejercicio corresponde

a la Administración..., con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración

no puede ser despojada, en todo ni en parte, del ejercicio de tales atribuciones constitucionalmente

conferida» y que forman parte de su propia esencia».

CONSIDERANDO que el fallo judicial, de cuya ejecución se trata en este momento, que anula «el acto

del Ministerio de la Gobernación, con fecha 22 de febrero del presente año, en el particular extremo del

mismo, que ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo, acordando, por tanto,

su devolución a dicho Ministerio», no afecta a la suspensión del acto de inscripción, que tenía, como

elemento causal, la presunción de ilicitud penal de la asociación; tal suspensión tiene carácter provisional

y cautelar, que puede y debe dar paso a una resolución definitiva, de signo positivo o negativo, tan sólo en

función de esa misma ilicitud penal, a dirimir «ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma establecida

por las leyes», según expresa el penúltimo de sus considerandos, por la vía que señala el artículo 262 de la

lev de Enjuiciamiento Criminal, como cuida de aclarar el párrafo antecedente de la propia sentencia.

CONSIDERANDO que como consecuencia de lo anteriormente expuesto y de la reserva «de las acciones

que para declarar la ilicitud penal que se, presume por la Administración Pública, a ella te competan»,

según el pronunciamiento literal del fallo judicial transcrito, resulta evidente que para el debido

cumplimiento del mismo había de darse traslado al ministerio fiscal, órgano de comunicación normal

entre el Gobierno y los tribunales, a los efectos de que, en su caso, pudiera ejercitar las acciones penales

pertinentes, de conformidad no sólo con el articulo 282, sino también con el 105 de la ley de

Enjuiciamiento Criminal, por lo que, una vez que el fiscal del Reino, de conformidad con el parecer de la

Junta de fiscales generales, manifiesta que no ha encontrado base fáctica ni jurídica para el ejercicio de

las acciones penales a que aluden los preceptos antes citados, en relación con el Partido Comunista de

España, sin que por otra parte se dedujera, en su momento oportuno, el tanto de culpa correspondiente, a

los mismos efectos, por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resulta claro que la duda o presunción de

ilicitud penal, surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente, queda desprovista de

fundamento y contenido, como causa determinante del acuerdo de suspensión de la inscripción en el

registro, acuerdo que, en definitiva, debe ser dejado sin efecto, para proceder a la inscripción solicitada,

por haber desaparecido el único obstáculo legal que en su día se opuso a la misma, decisión que no

impide el que, si en un futuro se traspasaran los limites del derecho de asociación, puedan y deban

incriminarse las conductas eventualmente merecedoras de sanción penal.

POR TODO LO CUAL, este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo, del 1 de abril de 1977. y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a bien disponer

que se deje sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas del

denominado Partido Comunista de España (P. C. E.), suspensión acordada con fecha 22 de febrero del

corriente año y que se proceda a la inscripción en el referido Registro de la citada asociación de Madrid,

9 de abril de 1977."

11 de abril de 1977 PUEBLO

 

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