Ayer quedó inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas. 
 El Partido Comunista, legalizado     
 
 Arriba.    10/04/1977.  Página: ?,9. Páginas: 2. Párrafos: 19. 

Nacional

Ayer quedó inscrito en el Registro de Asociaciones Políticas

EL PARTIDO COMUNISTA, LEGALIZADO

Al no haberse promovido ni por el Supremo ni por el Ministerio Fiscal la dilucidación de

responsabilidades penales contra el PCE ha quedado sin efecto la anterior suspensión

MADRID. (De nuestra Redacción.)—Con fecha de ayer ha quedado inscrito en el Registro de

Asociaciones Políticas el Partido comunista de España.

Según fuentes competentes, su inscripción se produce en cumplimiento de la sentencia dictada

por la Sala IV del Tribunal Supremo de Justicia del día primero de abril y a la vista del informe

nítido por el fiscal del Reino, oída la Junta de Fiscales Generales de conformidad con la misma.

El proceso, paso a paso

El Ministerio de la Gobernación había suspendido, provisional y temporalmente, la inscripción

en el Registro de Asociaciones Políticas del Partido Comunista de España en base a la

presumible ilicitud penal, remitiendo el expediente a la Sala IV del Tribunal Supremo, de

acuerdo con lo establecido en el artículo octavo de la ley de (*) de junio de 1976 y artículo

número dos del real decreto ley de 8 de febrero de 1977, sobre el derecho de asociación

política.

La sentencia del Tribunal Supremo declaró la incompetencia del orden judicial contencioso-

administrativo para conocer de la cuestión planteada, por tratarse de un tema de naturaleza

penal cuya competencia corresponde a la jurisdicción de este carácter, por lo que, sin

pronunciarse sobre el fondo del asunto, declaró la falta de jurisdicción de la Sala para conocer

de las actuaciones que le fueron remitidas, anulando la orden de remisión del expediente y

reservándole a la Administración las acciones que a la misma pudieran corresponderle sobre la

presunta ilicitud penal atribuida al Partido Comunista de España.

En la propia sentencia se razonaba que en tal supuesto la vía procedente era la de dar cuenta

al Ministerio Fiscal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 262 de la ley de

Enjuiciamiento Criminal para que, si entendía que existía base fáctica suficiente para sostener

la acción, ejercitase la misma a tenor de lo prevenido en el artículo 105 de la ley antes citada.

A la vista de dicha sentencia y en ejecución y cumplimiento de la misma, el Ministerio de la

Gobernación dio traslado al fiscal del Reino de todo lo actuado, emitiéndose con fecha 9 por

dicho órgano, oída la Junta de Fiscales Generales y de conformidad con la misma, informe en

el que se expone que de la documentación no se desprende dato ni manifestación alguna que

determine la incriminación del Partido Comunista de España en cualquiera de las formas de

asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del Código Penal en su vigente redacción.

Por otra parte, si la propia Sala del Tribunal Supremo hubiera apreciado motivos suficientes de

ilicitud penal en el expediente, habría tenido que proceder de oficio a remitir y poner en

conocimiento del Ministerio Fiscal las actuaciones, dada la obligación de denunciar que, con

carácter general, establece el artículo 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal a quienes por

razón de sus cargos, profesiones u oficios, tuvieren noticia de algún delito público, lo que no ha

efectuado la mencionada Sala. Tampoco el fiscal del Reino, en el informe formulado a Instancia

del Ministerio de la Gobernación, ha apreciado la presunción de dicha ilicitud.

Al no haberse promovido ni por parte de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ni por el

Ministerio Fiscal actuación alguna dirigida a dilucidar responsabilidades penales, conforme al

Derecho actualmente vigente, respecto de la documentación presentada para su inscripción por

el Partido Comunista de España, parece evidente que ha quedado sin efecto la razón

determinante de la suspensión de la inscripción de dicho partido en el Registro de Asociaciones

Políticas, recobrando su plenitud el ejercicio del derecho de asociación que había quedado

provisionalmente suspendido.

La decisión se ajusta al Derecho

Con relación a algunos comentarios suscitados por la sentencia del Tribunal Supremo alusivos

a que dicha resolución podría dar lugar a un conflicto de atribuciones entre altos órganos del

Estado, la cuestión planteada ni por razón de su origen —al emanar de un departamento

ministerial y no del Gobierno— ni por su contenido —la distinta interpretación de un precepto

legal— es susceptible de subsumirse en los supuestos previstos por la ley de 14 de Julio de

1972, reguladora del procedimiento de coordinación de funciones de los altos órganos del

Estado.

Entendemos, pues, que la solución adoptada lo ha sido en cumplimiento objetivo de la

legalidad, sin apriorismos, y rodeada de las debidas garantías jurídicas, procesales y

jurisdiccionales.

La anterior decisión es ajustada a Derecho y reconocimiento que contiene no prejuzga las

posibles conductas punibles en que puedan incurrir con sus actos o comportamientos las

personas o miembros de las asociaciones o si evidencian con su posterior actuación la ilicitud

de sus fines, conforme al ya citado artículo 172 del Código Penal.

TEXTO INTEGRO DE LA RESOLUCIÓN DE GOBERNACIÓN

En el procedimiento instruido por este Ministerio para cumplimiento de la sentencia dictada en 1

de abril de 1977 por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de Justicia, recaída en expediente

especial número uno, y Resultando que el 11 de febrero de 1977 tuvieron entrada en este

Departamento acta notarial V Estatutos del Partido Comunista de España (PCE) para su

inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas y recabado dictamen de la Asesoría

Jurídica, que fue emitido el siguiente día 16, se dictó acuerdo con fecha 22 de los mismos mes

y año en el que, con suspensión de la Inscripción en el aludido Registro, por presumir la

concurrencia de supuestos de ilicitud penal, se ordenaba la remisión de la documentación

presentada al Tribunal Supremo de Justicia.

Resultando que en relación con el expediente arriba mencionado, la Sala Cuarta del Tribunal

Supremo de Justicia ha dictado sentencia con fecha 1 de abril de 1977, cuyo fallo literalmente

dice: «Que sin pronunciarnos sobre el fondo del asunto, debemos declarar y declaramos la falta

de jurisdicción de esta Sala para Conocer de las presentes actuaciones relativas a la

inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas de la promovida con la denominación del

Partido Comunista de España; debemos anular y anulamos el acto del Ministerio de la

Gobernación fecha 22 de febrero del presente año, en el particular extremo del mismo que

ordena la remisión del expediente administrativo a este Tribunal; acordando, por tanto, su

devolución, a dicho Ministerio y sin perjuicio de las acciones que para declarar la ilicitud penal

que se presume por la Administración pública, a ella la competan. No ha lugar a declaración

alguna sobre imposición de costas.» La falta de Jurisdicción de la Sala, según el penúltimo de

sus Considerandos que sintetiza toda la argumentación anterior, se basa «en la ilicitud penal

presumida por la Administración, que en todo caso, habría de dirimirse ante la jurisdicción

penal ordinaria en la forma establecida por las leyes».

Resultando que recibido el expediente administrativo, con testimonio de la sentencia el día 6 de

los corrientes, este Departamento, a la vista del informe emitido por el director general de

Política Interior, ordenó el cumplimiento de la sentencia, la inserción de la misma en el «Boletín

Oficial del Estado» y que se diera cuenta al Ministerio Fiscal, lo que se llevó a efecto

seguidamente, habiéndose dictado la correspondiente orden, que aparece publicada en el

«Boletín Oficial del Estado» de hoy, y trasladando al fiscal del Reino los antecedentes

necesarios, incluidos los estatutos de la asociación, para que manifestara si de todo ello o del

hecho de haber promovido su constitución v solicitado la inscripción pudiera deducirse que

existiera delito o presunción de su comisión que debiera dar lugar al ejercicio de acciones

penales.

La solución adoptada lo ha sido en cumplimiento de la legalidad y rodeada de las debidas

garantías jurídicas, procesales y jurisdiccionales

Resultando que con fecha de hoy el fiscal del Reino, oída y de conformidad con la Junta de

Fiscales Generales dice: 1.°) Q u e de dicha documentación no se desprende ningún dato, ni

contiene ninguna manifestación, que determine de modo directo la incriminación del expresado

partido en cualquiera de las formas de asociación ilícita que define y castiga el artículo 172 del

Código Penal en su reciente redacción. 2°) Que el solo hecho de solicitar la Inscripción o

legalización de un partido, aunque éste pueda resultar ilegal y se deniegue la solicitud, no

acarrea responsabilidad penal para los solicitantes ni puede fundar la presunción de comisión

de delito, sin perjuicio de ejercitar las acciones penales en cuanto existan conductas o actos

que puedan ser tipificados en el Código Penal o evidencien de ilicitud de los fines del partido,

conforme al ya citado artículo 172 del Código Penal. 3.°) A los efectos que fueren procedentes,

el Ministerio Fiscal hace constar la existencia de procedimientos en tramitación contra

dirigentes y miembros del denominado Partido Comunista Español.

Considerando que con arreglo al artículo 103 de la ley Reguladora de la jurisdicción

contencioso-administrativa, la ejecución de las sentencias dictadas por las salas de este orden

judicial, corresponderá al órgano administrativo que hubiere dictado el acto objeto del proceso y

esta competencia formal conlleva, a su vez, la competencia sustantiva para resolver sobre la

procedencia o improcedencia de la inscripción en el Registro de Asociaciones Políticas, en

virtud de cuanto dice el considerando quinto de la sentencia de 1 de abril de 1977, en el cual se

establece que la naturaleza de la actividad estatal referida a tal inscripción es «típicamente

administrativa» y «por imperativo constitucional su ejercicio corresponde a la Administración...,

con los caracteres de exclusividad e integridad, de tal modo que la Administración no puede ser

despojada, en todo ni en parte, del ejercicio de tales atribuciones constitucionalmente

conferidas y que forman parte de su propia esencia».

Considerando que el fallo judicial de cuya ejecución se trata en este momento, que anula «el

acto del Ministerio de la Gobernación, fecha 22 de febrero del presente año, en el particular

extremo del mismo, que ordena la remisión del expediente administrativo al Tribunal Supremo,

acordando, por tanto, su devolución a dicho Ministerio», no afecta a la suspensión del acto de

inscripción que tenía como elemento causal la presunción de ilicitud penal de la asociación; tal

suspensión tiene carácter provisional y cautelar que puede y debe dar paso a una resolución

definitiva, de signo positivo o negativo, tan sólo en función de esa misma Ilicitud penal, a dirimir

«ante la jurisdicción penal ordinaria en la forma establecida por las leyes», según expresa el

penúltimo de sus considerandos, por la vía que señala el artículo 262 de la ley de

Enjuiciamiento Criminal, como cuida de aclarar el párrafo antecedente de la propia sentencia.

Considerando que como consecuencia de lo anteriormente expuesto y de la reserva «de las

acciones que para declarar la ilicitud penal que se presume por la Administración Pública, a ella

le competan», según el pronunciamiento literal del fallo judicial transcrito, resulta evidente que

para el debido cumplimiento del mismo había de darse traslado al Ministerio Fiscal, órgano

de comunicación normal entre el Gobierno y los Tribunales, a los efectos de que, en su caso,

pudiera ejercitar las acciones penales pertinentes, de conformidad no sólo con el artículo 262,

sino también con el 105 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que, una vez que el fiscal

del Reino, de conformidad con el parecer de la Junta de Fiscales Generales manifiesta que no

ha encontrado base táctica ni jurídica para el ejercicio de las acciones penales a que aluden los

preceptos antes citados, en relación con el Partido Comunista de España, sin que por otra

parte, se dedujera, en su momento oportuno, el tanto de culpa correspondiente, a los niveles

efectuados por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, resulta claro que la duda o presunción de

ilicitud penal surgida en vía administrativa durante la tramitación del expediente, queda

desprovista de fundamento y contenido como causa determinante del acuerdo de suspensión

de la Inscripción en el Registro, acuerdo que, en definitiva, debe ser dejado sin efecto para

proceder a la inscripción solicitada, por haber desaparecido el único obstáculo legal que en su

día se opuso a la misma, decisión que no impide el que, si en un futuro se traspasaran los

límites del derecho de asociación, puedan y deban incriminarse las conductas eventualmente

merecedoras de sanción penal.

Por todo lo cual, este Ministerio, en cumplimiento de la sentencia de la sala IV del Tribunal

Supremo de primero de abril de 1977 y a la vista del dictamen del fiscal del Reino, ha tenido a

bien disponer que se deje sin efecto la suspensión de la inscripción en el Registro de

Asociaciones Políticas de la denominada Partido Comunista de España (PCE), suspensión

acordada con fecha 22 de febrero del corriente año, y que se proceda a la inscripción en el

referido Registro de la citada Asociación.

 

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