Autor: Arias-Salgado Montalvo, Rafael. 
   El pluralismo: hecho y principio     
 
 Informaciones.    13/11/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL PLURALISMO: HECHO Y PRINCIPIO

Por Rafael ARIAS SALGADO

EL pluralismo designa fundarnentalmente un hecho: la existencia de grupos de muy diversa naturaleza con intereses propios. Y al mismo tiempo suscita un problema de considerable alcance: la canalización de la fuerza o presión que tales grupos ejercen sobre la formación de la voluntad del Estado, es decir, su participación en el proceso que culmina en la decisión política.

El pluralismo, en tanto que fenómeno social, es tan viejo como la Sociedad misma; es inherente a toda vida societaria. Experimenta, sin embargo, un extraordinario desarrollo en nuestra época con el advenimiento de la Sociedad de masas. Y llega a ser tal su importancia en la actualidad, que los constitucionalistas y politicólogos sostienen unánimemente I a inutilidad de analizar una Sociedad estatal a partir exclusivamente de sus instituciones constitucionales y legales, prescindiendo de la función fáctica que desempeñan los grupos pluralistas en el proceso político. Parece evidente, en efecto, que la sociedad contemporánea es en grado eminente una sociedad de grupos, es decir, articulada en complejos sociales de poder, dotados, sobre todo algunos de ellos, de una sólida organización que se extiende a todo el ámbito del Estado. Los más conocidos, aunque no los únicos, son los partidos políticos.

Dos son las actitudes que, desde una perspectiva teórica, se han adoptado frente al hecho del pluralismo. Algunos tratan de justificar la necesidad de su eliminación o de su reducción a estrechos limites en aras de la unidad del Estado. Otros, por el contrario, lo elevan a la categoría de principio constitutivo de la sociedad políticamente organizada.

Paradigma de la primera postura es Cari Schmitt, agudo jurista que ha tenido una gran influencia en la literatura jurídico-política española. Para este autor, el pluralismo pone en peligro la unidad del poder del Estado y pulveriza la idea de Constitución como fallo político de la nación entera y organizada. Los grupos, servidores de su propio interés colectivo, impiden la formación de una voluntad estatal unitaria, ya que de una situación pluralística no puede surgir la unidad en que queden superados y fundidos los violentos antagonismos de partidos y de intereses. Consecuencia de semejante situación es que en ta misma medida en que el Estado se transforma en una estructura pluralista, en lugar de la fidelidad al Estado y a su Constitución, aparece la fidelidad a la organización social, al grupo. Y así acaba por emerger un pluralismo hecho de sujeciones morales y de obligaciones de lealtad mediante el cual se pone en un peligro progresivamente mayor la formación de una unidad estatal (1).

Fue, entre otros, Hans Kelsen, también fino jurista, quien se encargó de desmenuzar y echar por tierra argumentaciones teoréticas como la precedente. Kelsen arranca de un hecho obvio e indiscutible. Se admita o se rechace el pluralismo en un plano teórico, ocurre que en la práctica siempre hay un grupo gobernante que ejerce el poder en y desde el Estado. «Es un hecho palpable que los Estados históricos representan casi siempre, bajo la aureola ideológica de que se rodea todo poder, organizaciones puestas al servicio del grupo gobernante. Su pretensión de obrar como instrumentos del interés colectivo de una comunidad solidaria significaría, en el mejor de los casos, tomar el ideal por la realidad; pero, por regla general, no pasan de idealizar la realidad por motivos políticos, o sea de pretender justificarla. Por lo de más, el ideal de un interés colectivo superior a los intereses de grupo, esto es, la solidaridad de intereses de todos ios miembros de ¡a colectividad sin distinción de confesión, nación, clase, etc... viene a ser una ilusión metafísica o, mejor dicho, metapolítica...» (2).»

En definitiva, pues, dentro de la inevitable pugna de intereses que, acreditada por la experiencia, se produce en toda sociedad, la llamada voluntad del Estado, consiste simplemente en una de estas dos cosas: o bien constituye la expresión unilateral del interés de un grupo más o menos complejo y excluyente que se presenta ideológicamente arropado como interés colectivo, comunitario, verdadero y comprensivo, o bien es el resultado de la transacción de intereses divergentes. El reconocimiento del pluralismo en el plano político-institucional no significa más que la creación de condiciones orgánicas que hagan posible aquella transacción y permitan a la voluntad estatal orientarse en una dirección equitativa (3). En el primer caso, se parte del supuesto dogmático y apriorístico de que existe un grupo sin intereses propios que detenta en exclusividad la capacidad de definir y servir ai bien común. En e! segundo caso, díversámente, sobre la base de la experiencia, histórica y de la captación empírica de la realidad política y social, se niega tal posibilidad y se institucionalizan unas reglas del juego que constituyen la esencia de la democracia constitucional.

La democracia constitucional se estructura en torno al principio de la distribución del poder. Garantizada por la norma fundamental la libre creación de agrupaciones de toda índole, políticas, profesionales, culturales, sindicales, etc..., dentro de unos límites objetivos, se acepta su participación en el proceso político y económico de tal modo que, en última instancia, las decisiones políticas de los gobernantes representan el compromiso entre las tendencias divergentes de los intereses pluralistas de la Sociedad (4).

El problema con que se enfrenta hoy en día la democracia constitucional es que, como consecuencia de la proliferación de grupos y del enorme poder que algunos de ellos llegan a tener, su participación en el proceso de la decisión política, hoy meramente fáctica, exige una regulación legal muy rigurosa que garantice su control público y proteja eficazmente otros intereses minoritarios o menos prepotentes pero igualmente legítimos. En la actualidad, sólo los partidos políticos han sido objeto de un cierto grado de legalización, en verdad insuficiente, con la pretensión principal de asegurar su estructura democrática interna. Algunos países como Suecia y Suiza han incorporado oficialmente a los grupos de interés que intervienen así en la fase de deliberación que precede & la adopción de la decisión. Puede ser un camino.

En cualquier caso este es el reto de cuya adecuada respuesta depende la superación de la crisis institucional de la democracia pluralista, creación gigantesca de la razón humana que debe sobrevivir

(1) Cari Schmitt. «La defensa de la Constitución». Madrid, 1931. Págs. 90 y 55.

(2) Hans Kelsen. «Esencia y valor de la democracia». Madrid, 1954. Pag. 42.

(3) Hans Kelsen. Op. Cit. Pag. 43.

(4) Kart Loewenstein. «Teoría de la Constitución». Madrid, 1965. Pag. 424

 

< Volver