Autor: Arias-Salgado Montalvo, Rafael. 
   Participación, representación, sufragio     
 
 Informaciones.    24/11/1973.  Páginas: 1. Párrafos: 22. 

EN «INFORMACIONES»

PARTICIPACIÓN, REPRESENTACIÓN, SUFRAGIO

Por Rafael ARIAS-SALGADO

LA noticia de una próxima ley de participación política, elaborada al hilo de las directrices emanadas del Consejo Nacional, no ha provocado ciertamente riadas de entusiasmo. Creo no obstante que en virtud de su hipotética trascendencia requiere especial atención.

Al parecer, el anunciado proyecto legislativo se articulará en torno a tres ejes capitales de profunda significación poli1tica: participación, representación y sufragio. La virtualidad de esta tríada de principios es de tal magnitud que por sí solos, y según la forma en que se instituyan, definen la naturaleza democrática de cualquier régimen político. De ahí que pueda sostenerse con fundamento que el alcance real de la nueva regulación estará muy en función del sentido que se les confiera, de los límites que se le asignen y de la autenticidad con que se verifique su aplicación práctica.

No resulta ocioso, en consecuencia, tratar de delimitar, siquiera sea someramente, el contenido de unos conceptos que constituyen los pilares sobre los que ha de levantarse el edificio institucional de cualquier modelo de democracia que pretenda el mérito de semejante designación. La tarea no es, en verdad, difícil. Las ideas de participación, representación y sufragio están hoy dotadas en el mundo occidental —área cultural en la que España está inserta— de un sentido

objetivo básico, generalmente aceptado, que trasciende los matices, siempre posibles, y las polémicas doctrinales o ideológicas que histórica o actualmente hayan podido suscitar. Por ello es lícito, a mi juicio, excluir la tentativa de una «significación española» diferenciada, presuntamente autóctona, alumbrada a modo de genial invención que asombre al mundo. En este orden de cosas, la autenticidad impide, en principio, la originalidad. En el ámbito de las instituciones democráticas no parece fácil crear algo que resulte sustantivamente original, como no sean las transformaciones internas que su propio dinamismo histórico engendre para hacer frente a las nuevas realidades políticas-sociales.

Desde esta perspectiva, el propósito de incorporar al ordenamiento jurídico español una ley de participación política implica asumir una seria responsabilidad, ya que induce inicialmente a suponer que se persigue institucionalizar sin mixtificaciones una auténtica democracia. Y no hacemos ahora distinción alguna entre democracia orgánica e inorgánica porque, desde el momento en que el elemento común radica en el sustantivo democracia, el sentido objetivo de los principios de participación, representación y sufragio —constitutivos de lo sustancial y no de lo adjetivo— debe ser necesariamente idéntico en ambos tipos de régimen. El supuesto de partida consiste por tanto en la existencia de un propósito implícitamente proclamado de instaurar y articular una democracia auténtica con inspiración y fundamentación en aquellos principios.

PARTICIPACIÓN

La idea de participación política tiene como sujeto a los ciudadanos de una comunidad estatal y significa que éstos, por virtud de tal cualidad, son parte del poder político, es decir, partícipes con fuerza vinculante en la adopción de las decisiones públicas jurídicamente obligatorias.

La participación ostenta una dimensión cuantitativa. No creo discutible que la existencia de una democracia depende estrechamente de la proporción de ciudadanos que legalmente pueden tomar parte en la imposición de las decisiones que les afectan. El establecimiento de prohibiciones legales arbitrarias, expresas o implícitas, directas o indirectas, tendentes a excluir de la participación a sectores más o menos extensos de la comunidad nacional —como podría ser, por ejemplo, la exigencia de una concreta confesión ideológica— es algo radicalmente contrario al principio de participación y, por tanto, a la sencia de la democracia.

La dimensión cualitativa de la participación alude, de un lado, a la importancia de las decisiones que los ciudadanos tienen la posibilidad de configurar y tomar a través de su actividad participativa, y, de otro, a la efectividad de su participación en la adopción de las decisiones.

En lo que concierne al primer aspecto, no cabe duda de que el ciudadano de hoy. en cuanto «hombre situado», sujeto a la tensión de problemas muy específicos, esta interesado en gozar de voz y voto a la hora de decidir su eventual solución. Pero reducir su participación a estas medidas de índole menor, por muy necesario que sea —y lo es indudablemente—, puede resultar un tanto engañoso, porque son escasos los temas cotidianos cuya solución real y posible no esté en función de las grandes decisiones políticas.

Es más, la pulverización de la participación en múltiples células o entidades sociales puede llegar a constituir una fórmula artificiosa para eludir la acción participante en aquellas decisiones que verdaderamente condicionan y determinan su existencia como hombre concreto y su porvenir comí» ciudadano. La democracia demanda, naturalmente, ambos modos de participar, pero sera pura ficción si los ciudadanos no pueden opinar y resolver libremente sobre su futuro y sobre su evolución como colectividad a corto, a medio y a largo plazo.

La segunda faceta, es decir, la efectividad de la acción de participar significa sencillamente que las decisiones adoptadas, fruto de la participación, han de tener fuerza vinculante, han de ser obligatorias para todos, gobernantes incluidos. En última instancia, una participación efectiva que merezca este calificativo debe asegurar al menos la posibilidad de un control, aunque fuere a posteriori, que permita la exigencia de responsabilidad a los órganos decisorios. También cabe imaginar formas de participación de menos trascendencia o intensidad, como la de carácter consultivo, necesaria y útil en ocasiones. Pero deben constituir la excepción y no la regla porque a menudo encubren o sirven para encubrir realidades antidemocráticas.

REPRESENTACIÓN

La representación es una de las técnicas para canalizar y hacer viable la participación de los ciudadanos en el poder. Siguiendo en síntesis el esquema de Cohén (1), puede decirse que un sistema de representación democrática debe establecer: la elección de los representantes y la audiencia de los representados en el tiempo que transcurre entre los períodos electorales.

La eleccion de los representantes, en pura teoría democrática, debe ser directa en todos los niveles de decisión. Ello excluye, de una parte, la selección de los representantes mediante elección de segundo, tercero o cuarto grado, porque confiere menor o escasa representatividad y mixtifica la participación, y de otro lado, la llamada representación legal, tan frecuente entre nosotros (alcaldes, presidentes de Sindicatos, etc...). porque oculta una designación gubernativa a la que se quiere otorgar carácter representativo. En cualquier forma de democracia no hay ni puede haber representación- sin previa elección.

De las premisas anteriores derivan dos proposiciones fundamentales: l.« Las bases de la representación han de tener la mayor amplitud posible. Si la presidencia de un Sindicato ha de ostentar naturaleza representativa, el presidente debe ser directamente elegido por todos los miembros de la entidad sindical.

Si se trata de un alcalde o de los concejales de un Ayuntamiento, todos los vecinos mayores de edad deben poder participar en la elección, etc... 2.» Pluralidad real de candidatos a representantes. El control directo o indirecto de las candidaturas, la imposición de restricciones injustificadas, es decir, no objetivas, como serían las de carácter ideológico, la exigencia de requisitos arbitrarios en beneficio de unos y en perjuicio de otros, así como cualesquiera artilugios de igual alcance, vulneran la idea democrática, falsean de raíz el funcionamiento del sistema representativo y anulan la posibilidad de una participación auténtica y efectiva.

La audiencia de los representados entre una elección y la subsiguiente hace referencia al funcionamiento del vinculo representativo durante este lapso de tiempo. La democracia, sea cual fuere su forma, se mueve aquí en un difícil equilibrio entre la necesidad de la estabilidad política y la exigencia de un control ciudadano permanente que permita la revocación de la representación conferida. Los modernos regímenes democráticos se han inclinado por la primera opción. Ello juega, sin duda, en detrimento de la autenticidad de la relación representante-representado. Pero para compensar esta insuficiencia, las actuales democracias han arbitrado resortes eficaces y útiles que van desde la libertad de información hasta la creación de instituciones como el «recall», la iniciativa o el referéndum. En último análisis siempre subsiste el control electoral, es decir, la no reelección de aquel representante que haga tabla rasa de la voluntad de sus representados.

El problema carece de facil solución desde una óptica de purismo representativo. Pero cabe aducir que si los miembros de una comunidad no tienen la posibilidad o la capacidad de elegir, al menos en la gran mayoría de los casos, representantes honestos y conscientes de sus responsabilidades ame sus electores, tal comunidad o no (¿ una democracia o dejará de serlo en poco tiempo (2).

SUFRAGIO

El sufragio es la manera de hacer expresa, efectiva y vinculante la voluntad de los miembros partícipes de una comunidad política. Con la emisión del sufragio, el ciudadano o el representante contribuyen a la adopción de la decisión, pero en cuanto instrumento para ejercer la participación comporta una serie de actividades imprescindibles que preceden al momento del voto. La votación no es sino el instante último de un proceso del que sen aspectos esenciales la información, la deliberación, la posibilidad de proponer alternativas, de criticar o asumir propuestas lanzadas por otros o de investigar e informar sobre cuestiones de interés público involucradas en la decisión o en la elección a que se circunscribe el ejercicio del sufragio que, por añadidura, debe ser, entre otras cosas Ubre y secreto.

La amplitud, la autenticidad y la pluralidad de opciones a decidir mediante el voto son facetas del sufragio democrático de las que no cabe prescindir. Y si se eluden o falsean por cualesquiera métodos no podrá hablarse con rigor ni de participación ni de representación ni, menos aún, de democracia.

A MODO DE EPILOGO

Cuanto anteriormente se dice no es, en verdad, nada original. Entre nosotros, sin embargo, recordar ciertas ideas, casi lugares comunes en otras latitudes, resulta en mi opinión oportuno. No en vano, aunque estamos ya en el umbral del año 1974 y sumergidos en el último tercio del siglo XX, se sigue hablando de la necesidad de participar, de la ineludibilidad de estructurar una representación política y de autentificar las elecciones. Por algo será.

Por otra parte, todo io que antecede es plenamente compatible con el vigente ordenamiento constitucional. Las ideas expuestas —abstractas, pero no tanto— exigen ciertamente unos mecanismos concretos para su aplicación práctica. A este respecto y puesto que está en avanzada fa: e de elaboración, según parece, el proyecto de ley de participación política, pienso que los mecanismos que se arbitren deben estar al servicio de la efectividad de aquellas ideas, en vez de inventar, como hasta ahora, recursos más o menos sutiles e ingeniosos que las desvirtúen. Puede ser una experiencia sumamente interesante presenciar cómo actúan los principios de participación, representación y sufragio a través de los cauces propios de la democracia orgánica. Por el momento, la incógnita de su funcionamiento no ha sido todavía despejada. Pero para despejarla de una vez por todas resulta imprescindible la autenticidad. Es una buena oportunidad para demostrar que la democracia orgánica puede ser democrática.

(1) Carl COHÉN: Democracy, páginas 76 y sigs. Nueva York, 1973.

(2) C. 1 COHÉN: Op. cit., pág. 93.

 

< Volver