Autor: Herrero, Miguel. 
 Para una reforma electoral en España 2. 
 ¿A quién se elige?     
 
 Madrid.    19/12/1969.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

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Para una reforma electoral en España

¿A QUIEN SE ELIGE?

ANTE una presunta y de todo punto necesaria reforma del sistema electoral vigente, señalaba yo en un artículo anterior (ver MADRID, 12-XII-69, página 3), la urgencia de reestructurar la representación familiar en las Cortes, para dar paso, a través de ella, a una representación política autónoma, debidamente organizada.

En efecto, en un Estado moderno, la elección no consiste tatito en la designación de un candidato como en ¡a opción entre los términos de una alternativa. La politización se obtiene sustituyendo al hombre por su programa. Ahora bien, un programa sólo tiene valor cuando es ofrecido por un equipo coherente y disciplinado de. extensión nacional y capaz de mantener encías Cortes Una posición estable, tanto como mayoría como en cuanto minoría. Los deseos fervientes de un solo candidato aislado no pueden sitio ir desde la tautología ("dictar leyes ajustadas a las necesidades de nuestra época") hasta la utopía ("detención inmediata de la emigración de trabajadores") y sus opiniones políticas en torno a las relaciones con los Estados Unidos, el crédito oficial a la exportación o la reforma agraria, de poco valen mientras no las respalde, en la Cámara, la disciplina de un grupo de procuradores, y fuera de ella, la decisión del electorado nacional. La elección, si ha de ser algo serio, tiene que ser eminentemente politica y su politización sólo es posible si ve ofrece a los votantes algo sobre qué decidirse y se garantiza ¿> reflejo de su decisión en las Cortes. La única técnica qut para ello existe es la organización de la participación electoral a través de grupos políticos.

El régimen de asociaciones in fieri prestaría un gran servicio al país dando satisfacción a esta inaplazable necesidad nacional, pero ello solamente será posible previendo entidades de libre formación y con plena capacidad de actuación en la Cámara y fuera de ella, cerca de la opinión pública. Entidades cuya única cortapisa debería ser el respeto, eficazmente asegurado, a las normas constitucionales vigentes—incluida su cláusula de reforma—y libres de todo control que no sea el judicial.

A raíz de la publicación de la Ley Orgánica del Estado, el diario "Ya"—y en repetidas ocasiones el periódico MADRID—tuvo el acierto de lanzar la idea de unas "asociaciones permanentes con fines electorales" encargadas de cumplir esta importante función. Nada en tas Normas Fundamentales se oponía a ello, pero, desgraciadamente, la legislación destinada a regular la representación familiar en Cortes no recogió dicha solución, de notoria actualidad, mientras en España se conserve temor a las palabras. Sin embargo, si el régimen asociativo del Movimiento no estuviese en condiciones de llenar este vacío semántico, serviría de sucedáneo una fórmula análoga a la utilizada en Portugal el pasado mes de octubre: la constitución de Comités de apoyo a las candidaturas colectivas.

En una democracia orgánica como la nuestra afirma ser, la organicidad ha de extenderse por doquier, y la única manera de llevarla hasta unos comicios de irreductible carácter político es creando instituciones que, dentro del respeto a los principios constitucionales, se formen y actúen libremente para concurrir a la expresión del sufragio. Su misión sería expresar y disciplinar la opinión pública, articular su representación en las Cortes y vincular ésta a aquélla. Como se las llame resulta indiferente. La rosa—dice Julieta—tiene el mismo aroma cualquiera que sea su nombre.

MIGUEL HERRERO

 

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