Autor: Iturralde, Pablo. 
   El control de la empresa pública     
 
 Madrid.    27/09/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 8. 

EL CONTROL DE LA EMPRESA PUBLICA

Por PABLO ITURRALDE

La reordenación del papel de la empresa pública en España hace muy necesaria la definición de las distintas posibilidades de control que sobre ella puedan existir. El control de la empresa pública adopta hoy tres formas en la mayor parte de los países donde existe: control del ejecutivo, control del legislativo y control contable a través de órganos independientes. Nuestro país, que ha visto crear, de la mano del I. N. I., un grupo importante de empresas públicas, mantiene hoy una forma de control extremadamente rudimentaria, muy susceptible de perfeccionamiento. La importancia de la empresa pública ha hecho patente lo insuficiente del control y la necesidad de una reforma que cree nuevas posibilidades.

Si bien el control del ejecutivo se mueve por procedimientos muy similares a los existentes en otros países, salvo una menor dependencia, para ciertas decisiones del ministerio de Hacienda, no sucede igual con los otros tipos de control El parlamentario, que en España ejercen las Cortes, se limita en nuestro país a la aprobación, cada cuatro años, y a partir del actual II Plan, del plan de inversiones de las empresas públicas que figura incorporada en el Plan de Desarrollo. Aspectos tan importantes como la creación, transformación, integración o enajenación de las empresas, o la fiscalización de sus objetivos y resultados escapan a la competencia de las Cortes.

No existe tampoco un control contable realisado por un organismo independiente. La existencia del Tribunal de Cuentas del Reino permitiría llenar esta laguna, puesto que ya se ocupa del control de las actividades de algunas entes del sector público, aunque no de su totalidad.

La falta de este control es quizá, la causa primordial aunque existan otras, como el escaso acceso a Bolsa de estas empresas, que motiva la falta de información adecuada a nivel contable y de gestión de sus actividades. Si este control existiese, las empresas se verían obligadas a hacer público, de una manera más completa y clara de lo que actualmente lo hacen, sus datos, y la opinión pública podría tener elementos de juicio suficientes para juzgar su actuación y objetivos. Esta política de más información y control les beneficiaría incluso, y el país tiene perfecto derecho a exigirlas, puesto que, al margen de que sea de propiedad pública una parte muy importante de su capital, un buen número de ellas se están beneficiando de subvenciones, ayudas crediticias y desgravaciones impostivas, junto a otras facilidades, que son dinero de todos los españoles.

Una revisión en este campo se hace, pues, muy necesaria y debería montarse sobre las bases siguientes:

En el control por parte det "Ejecutivo podría estadiarse la posibilidad de crear, en aquellas empresas que reciban ayuda, en forma de subvenciones, créditos oficiales, desgravaciones fiscales, etc., la figura de un interventor del ministerio de Hacienda (como han instaurado los alemanes y los franceses) que podría ocuparse de la eficaz aplicación de estos fondos. Incluso la posibilidad de nombrar un delegado del Gobierno no deberla descartarse (los franceses tienen una figura similar, el comisario del Gobierno).

Estas dos personas podrían evacuar informes al Gobierno y asesorarle sobre cuantas cuestiones se refiriesen a la marcha de la empresa. Pero el control del ejecutivo tiene, pese a todo, múltiples posibilidades de ejercerse. Por tanto, el énfasis mayor debería centrarse en las posibilidades de control de las Cámaras y en otros tipos de control.

Los márgenes de actuación de nuestras dos Cámaras son hoy, en este terreno, escasísimas, por no decir nulas. Hay, pues, profundas diferencias con muchos países occidentales en que las máximas funciones de control las ejerce el poder legislativo. Aún sin llegar al extremo inglés, en que cada empresa creada o vendida tiene que ser autorizada por ley votada en el Parlamento; o al alemán, en que cualquier cesión de participación pública ha de ser aprobada por éste, si parece factible la puesta en funcionamiento de medidas mucho más amplias de control parlamentario.

La primera medida podría ser la creación de una subcomisión, dentro de la comisión de Hacienda de las Cortes, o dentro del Consejo Nacional del Movimiento, de Industrias o Empresas Públicas, que podría recabar de éstas cuanta información necesitase, para seguir así su marcha. Los informes que emitiese, tras sus análisis, que podrían ser o no hechos públicos, se basarían en los juicios de sus componentes, asesorados por funcionarios, entre los que los economistas deberían jugar un papel muy principal, al servicio de las Cortes. Estos informes servirían para una segunda etapa que serla el Informe y Rendición anual de cuentas de las empresas públicas. Anualmente, las Cortes o quizá la comisión de Hacienda, debieran reunirse para, tras una serie de debates, que darían pie a un amplio intercambio de opiniones, aprobar la rendición anual de cuentas de las empresas, su gestión y sus líneas de actuación. Para formar sus elementos de juicios, los miembros de la comisión dispondrán, al margen de la información presentada por las empresas, de los informes del delegado del Gobierno o interventor, si existiesen, y de los del comité o subcomisión de empresas públicas. En caso de existir el control contable del Tribunal de Cuentas, podrían disponer de sus dictámenes.

Una tercera medida de control debería ser el examen por el Tribunal de Cuentas del Reino, bien por su organización y forma actual, o bien creando una sección, especial, de verificación de las cuentas de las empresas públicas—los alemanes han elegido la primera fórmula y los franceses la segunda—, de la contabilidad de estas empresas, Tras el examen, se emitiría un informe, empresa por empresa, que haciendo referencia a la eficacia de la gestión y regulación de las cuentas, sería enviado al Gobierno y a las Cortes. Podría verse la posibilidad de hacer públicos estos informes, lo que redundaría en un más amplio control y conocimiento por parte de la opinión pública. Un primer paso para este análisis contable sería la necesidad de normalizar los balances y diversas cuentas de las empresas, lo que permitiría, ese mayor conocimiento y análisis. Por otra parte, la exigencia de una contabilidad de las empresas públicas se hace cada vez más necesaria, pues es una de las parcelas del sector público en la que, actualmente, no se dispone de una contabilidad global, muy necesaria, para un análisis certero de la actividad y del peso del sector público en nuestro país.

 

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