Autor: Álvarez Puga, Eduardo. 
   La democratización de la planificación económica     
 
 Madrid.    07/08/1969.  Página: 3. Páginas: 1. Párrafos: 16. 

LA DEMOCRATIZACION DE LA PLANIFICACION ECONÓMICA

Por Eduardo Alvarez Puga

QUIZA una de las características definidoras de las modernas políticas económicas sea el afán de encerrar los proceso que se desarrollan en el universo económico dentro de esquemas racionales y previsibles. Ya nadie pone en duda la necesidad de una política planificadora. "La disputa entre la planificación y el "laisezfaire"—escribe W. A. Lewis—no es una disputa entre el orden y la anarquía en la vida económica. Todos los pensadores políticos serios, incluso los filósofos del "laissez-faire", parten de la proposición de que la producción y la distribución deben controlarse para ponerlas al servicio de fines sociales."

La nueva forma de entender la economía y tratar de solucionar los problemas, eliminando riesgos e incertidumbres se inició en España en el año 1964 con la puesta en vigor del Primer Plan de Desarrollo.

Como, por desgracia, ha sucedido casi siempre, hemos tomado el tren del progreso mundial con cierto retraso. Cuando comenzó a aplicarse nuestro primer plan, su inspirador, el francés—indicativo para el sector privado, vinculativo para el sector público—había pasado ya el meridiano de su cuarta edición.

EN DEFENSA DEL HOMBRE

La existencia de planes económicos significa, en última instancia, un incremento de la acción controladora del Estado sobre la actividad de los individuos. En los últimos años de la Historia hemos asistido a la transformación de un Estado que se complacía con ser mero espectador y juez de las contiendas individuales, a otro absorbente que va dilatando constantemente la esfera de sus actuaciones. Poco a poco el individuo ve limitado el campo en el que su voluntad actúa como soberana.

La nueva situación exige que se pongan en funcionamiento los mecanismos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales de la persona, inalienables y, por ende, no susceptibles de ajenas interferencias. Poner las instituciones al servicio del hombre, no el hombre al servicio de las instituciones, se ha convertido en una de las metas primeras de la política actual.

Si partimos de la consideración de que toda planificación comprende una serie rigurosa de limitaciones e imposiciones a las situaciones jurídicas de los administrados—y precisamente a aquellas situaciones que por ir ligadas directamente a intereses económicos repercuten directamente sobre su esfera patrimonial—, no será difícil deducir la necesidad de emprender acciones encaminadas a tutelar los derechos de los ciudadanos, para evitar que los hombres se conviertan en meros instrumentos al servicio de fines crematísticos o a supuestas exigencias del desarrollo.

Por otra parte, aun dando por cierta la conveniencia de alcanzar una» metas económicas fijadas como deseables, queda pendiente todavía la trascendental cuestión de hasta qué punto es justo exigir a unos individuos esfuerzos y sacrificios de cuyos beneficios no participaran. ¿Dónde comienza y dónde termina la frontera que delimita lo que es equitativo de lo que constituye un abuso de derecho?

LA LEY Y EL PLAN

De todo ello parece deducirse la conveniencia de asentar toda la acción planificadora sobre presupuestos esencialmente democráticos. La voluntad popular ha de jugar un papel decisivo en la configuración de la estructura general de un plan económico. Sin embargo, es la voluntad gubernamental a la que incumbe dar culminación al proceso planificador, dotando a sus conclusiones de eficacia preceptiva. Y ello, principalmente, porque las decisiones planificadoras contienen, en la mayoría de los casos, limitaciones a la situación jurídica de los individuos.

Como muy bien afirma Cappaccioli, "toda medida que negativamente incida, de cualquier modo, en la esfera de los particulares, bien se trate de someter su iniciativa a una simple autorización o, con mayor razón, de imponerle determinadas obligaciones—especialmente de hacer—o de establecer límites cualitativos o cuantitativos a su actividad económica, requiere una ley".

Pero es que todavía abundan más razones en favor de la necesidad de que el Plan se contenga en una ley.

Si toda planificación exige un concurso de voluntades para alcanzar unos objetivos, es preciso poner en conocimiento de los administrados la finalidad política, económica y social perseguida por los planes económicos. Por otra parte, también es preciso que los particulares conozcan hasta qué punto es limitada su libertad.

La primera exigencia para que pueda darse una planificación auténticamente democrática es que las bases del plan sean elaboradas, discutidas y aprobadas por los pertinentes órganos legislativos, siempre, claro está, que las Cámaras estén reclu-tadas con arreglo a criterios estrictamente democráticos. No todo mandato legal cumple las exigencias definidoras del auténtico estado de derecho, sino solamente aquellos que cumplen los requisitos mayoritarios y de libre discusión.

LA PARTICIPACIÓN DE TODOS

Sin embargo, no se acaban las exigencias democratizadoras con la intervención de los representantes políticos libremente elegidos en la redacción de la ley del Plan. Su misión se reduce a redactar una especie de ley de Bases en la que se contienen las directrices generales y se fijan unos principios políticos, sociales y económicos a los que han de someterse las distintas planificaciones sectoriales. Además hay que reconocer que es preciso conceder a la Administración cierto margen para que pueda moverse con relativa independencia y adecuar su estrategia económica a las exigencias coyunturales.

Superadas ya las viejas concepciones que creían que la técnica podía actuar con independencia de las decisiones políticas, olvidándose precisamente del carácter esencialmente instrumental que tiene toda técnica, es preciso acertar a encontrar nn sistema que haga posible a todos los ciudadanos fijar sus preferencias con relación a las opciones sociales y económicas que se le ofrecen. Para establecer una escala de prioridades es preciso contar con la voluntad de todos, no solamente con la opinión de un núcleo más o menos amplio de dirigentes y empresarios.

Al democratizar la planificación económica lo que hacernos es, en definitiva, dar eficacia, equidad y sentido social a unas decisiones que, por afectar a todos, deben ser también obra de todos.

 

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