Autor: Álvarez Puga, Eduardo. 
   La descongelación salarial     
 
   07/10/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 17. 

La descongelación salarial

Por Eduardo ÁLVAREZ PUGÁ

Raro es el día en que la Prensa española últimamente no se hace eco de alguna reclamación sindical o profesional llamando la atención de los Poderes públicos sobre la necesidad de proceder a la descongelación de las rentas salariales, sobre las que pesa el tope legal del 5,9 por 100. Según parece—lo que no puede extrañar a nadie, pues siempre ha sucedido así—, el bloqueo de los salarios ha sido más efectivo que el de los precios. En la situación estacionaría de las rentas del trabajo han influido también, aparte de las disposiciones legales, el paro existente a principios de 1968 y la disminución experimentada en el número de horas trabajadas.

Al no iniciado en las complejidades de la técnica salarial no puede menos de parecer extraño, y aún contradictorio, el tono reivindicativo del mundo laboral con la bonanza de las señales de alerta establecida» por el II Plan de Desarrollo Económico y Social. Así, según los datos hechos público* últimamente, la disminución de la media de loa índices del último trimestre—junio a agosto de 1969—respecto a la media de los índices del trimestre inmediatamente anterior ha sido del 2,29 por 100. Quizá la denuncia de la Asociación de Consumidores sobre k subida injustificada de algunos productos de primera necesidad—utilización do cambios do etiqueta, nuevas presentaciones, variaciones en los nombres—permite clarificar las tazones para la existencia de estas posturas contradictorias.

Otro ejemplo que, aunque Insignificante, proyecta su luz sobre las discrepancias entre la verdad estadística y la real es que se ha autorizado la revisión del precio de ciertas bombillas siempre que no incluyesen el tipo que las estadísticas toman en consideración pan la elaboracion de los correspondientes índices.

El compromiso legal

El n Plan de Desarrollo Económico y Social preceptúa la revisión anual del salario mínimo interprofesional de acuerdo con la variación experimentada in el índice general del coste de la vida y señala una fecha concreta para proceder a esta operación: el 1 de abril de cada año. Se fija precisamente ese día "por coincidir con una época en que los precios no tienden al alza por razones estacionales".

Un avance en materia de política social es el reconocimiento de que en la fijación del salario mínimo no solamente han de jugar razones de tipo económico, sino también "motivos de justicia distributiva", cuando la situación de la economía lo permita y en la cuantía compatible con el superior interés general".

Quizá quepa achacar a esta regulación su excesiva rigidez —no deja margen para dar flexibilidad a las negociaciones—, su uniformismo y el sometimiento de criterios de justicia distributiva a los meramente

economicos.

La rigidez salarial

Toda medida legislativa para que sea eficaz ha de partir de una estimación adecuada de la realidad sobre la que está llamada a operar. Y la moderna realidad económica es demasiado compleja para pretender exactitudes a largo plazo. Es cierto que se producen, en cuanto a precios se refiere, alzas estacionales, pero lo es también que, dada la internacionalidad cada vez mayor de los problemas económicos, hay otras causas imprevistas, y en muchos casos imprevisibles, que originan saltos de canguro en los precios. ¿Por qué entonces sobre las urgencias de los asalariados han de pesar esos plazos inflexibles?

Indudablemente, los convenios colectivos significan una apertura negociadora y permiten corregir no pocos desajustes derivados de la rigidez normativa. Sin embargo, no debemos olvidar que todavía una parte considerable de la población laboral española vive bajo las austeridades del salario mínimo. Según el último informe del grupo de estudios de la Organización Internacional d e 1 Trabajo, más de trescientos mil asalariados españoles viven del salario mínimo. Y esta cifra seria bastante superior si tomamos en cuenta la población activa que, por residir en zonas rurales latifundistas, escapa a toda consideración estadística.

El tratamiento uniformista

Otro de los aspectos que llama la atención de la regulación del salario mínimo interprofesional es el tratamiento uniformista que se da a toda la extensa y variada geografía nacional. Por obra y gracia de las normas preceptivas, las regiones de baja renta "per cepita", como Extremadura o Galicia, quedan equiparadas a las industrializadas Vizcaya o Cataluña; el trabajador agrícola del pueblo más distante de Encaña recibe idéntico tratamiento que el obrero industrial de las grandes concentraciones urbanas. Lo que para los planificadores constituye una de las metas más ambiciosas y difíciles, ha sido realizado por la ley con envidiable celeridad.

Pero los entusiasmos uniformistas se manifiestan asimismo en el hecho de que la revisión anual del salario mínimo interprofesional se hará de acuerdo con las oscilaciones del "índice general del coste de la vida del conjunto nacional". El milagro estadístico de que el nivel de vida sea igual en toda la geografía nacional se ha consumado. Pero se me antoja que la realidad—esa realidad de cuya exacta valoración depende tanto la eficacia—dista mucho de esta consideración.

Subordinación de la justicia a los intereses económicos

La conjugación de "razones de tipo económico con motivos de justicia distributiva"—a la que se reconoce como "mejora de carácter extraordinario"—se efectuará solamente cuando "la situación de la economía lo permita y en la cuantía compatible con el superior interés general".

Dejando aparte la imprecisión que significa remitirse a un supuesto "superior interés general", sobre todo cuando no se determina quiénes han de determinar qué debe entenderse por ese concepto, creemos que una de las tendencias dominantes en la política actual es conseguir que la justicia penetre en el universo económico a través de su proyección "social". No, no son los criterios de justicia distributiva los que han de plegarse a exigencias económicas, sino precisamente todo lo contrario. Hay que disciplinar los egoísmos económicos para que pueda realizarse ía participación equitativa de todos en lo que, por ser obra de todos, a todos pertenece.

Descongelar el salario, sí; pero descongelar también la justicia.

 

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