Autor: Ferrando, Juan. 
   La sucesión: la peculiaridad española     
 
 Madrid.    06/06/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 9. 

LA SUCESIÓN LA PECULIARIDAD ESPAÑOLA

NUESTRO país presenta unas peculiaridades políticas tales que impiden su analogía con los recientes casos de la Francia posgaullista y con el Portugal possalazarista. En el primer caso, aparte de qu e la vida democrática del país era y es muy intensa, con lo que quedaba marginado todo tipo de radicalismos políticos, de lo que se trata allí—en Francia—es de elegir un Jefe de Estado. Existe un jefe de Gobierno... y un Jefe del Estado provisional—previsto de una manera automática por la Constitución--, que es Alain Poher, presidente del Senado. El país no ha quedado huérfano.

Las analogías entre el régimen español y el francés de la V República provienen de otra perspectiva: el funcionamiento de la V República tendrá un carácter democrático y no el autoritario que le inculcó e¡ genera) De Gaulle, y, en España, es obvio que la Constitución vigente podrá cobrar un color político más democrático en el futuro.

Con Portugal el régimen español mantiene analogías ideológicas e institucionales, pero no desde el punto de vista del problema planteado por el nombramiento del sucesor de Franco. En España el actual Jefe de listado asume, como ya se dijo, también la Jefatura de Gobierno. Cosa que no sucedía en el Portugal de Salazar. Y, siri embargo, para mantener el continuismo político, el Ejército tuvo que desplegar, en su momento, un papel decisivo.

Poderes vitalicios de Franco

PERO en España la gravedad que plantea el nombramiento o designación de un sucesor—y no heredero como a veces se dice, pues para ello es requisito indispensable la previa instauración de la Monarquía—se debe a que no se halla, ni constifucionalmente puede hallarse, desdoblada la Jefatura de Estado y la Jefatura de Gobierno. Tras la muerte de Franco o declarada sn incapacidad "sin que hubiese designado sucesor", la vida política cotidiana del país podría quedar paralizada—al menos temporalmente por falta de un jefe de Gobierno—. Dice el artículo 14, apartado cuarto de la Ley Orgánica del Estado:

"Corresponde al presidente del Gobierno representar al Gobierno de la nación, dirigir la política general y asegurar la coordinación de todos los órganos de gobierno y administración."

Es cierto que el actual vicepresidente del Gobierno podría pasar automáticamente a ocupar el puesto de presidente del Gobierno en caso de que quedase vacante la suprema Magistratura del Estado. La Ley Orgánica del Estado prevé tal hipótesis. Dice el articulo 16: "1. En caso de fallecimiento del presidente del Gobierno, o en los supuestos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el vicepresidente o vicepresidentes por el orden que se establezca o, si no hubiese vicepresidente, el ministro que designe el Jefe del Estado. II. En el plazo de diez días se procederá a nombrar nuevo presidente eri la forma establecida en el artículo catorce."

Pero tengamos en cuenta que en ese período de diez días, en que se debe proceder al nombramiento de un nuevo presidente, estará también el país y sus altos órganos representativos—Consejo de Ministros, Consejo del Reino y Cortes—ocupados en la trascendental tarea de designar sucesor al actual Jefe de Estado. Y mientras no se designe sucesor y sea éste aprobado por las Cortes, no se podrá nombrar presidente de Gobierno, pues el art. 14, apt. 1 dice: "El presidente del Gobierno habrá de ser español y será designado por el Jefe del Estado, a propuesta en terna del Consejo de] Reino." Como fácilmente se

podrá comprender, será una carrera contra reloj la que se producirá en ese período inmediato después de la desaparición del actual Jefe del Estado: se tendrá que nombrar presidente del Gobierno, pero antes se tendrá que designar sucesor y ser aprobado por las Cortes. Demasiado poco tiempo para tareas tan importantes.

También es cierto que la ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, en su artículo octavo, dispone que: "Ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del Jefe del Estado sin que hubiese designado sucesor, el Consejo de Regencia asumirá los poderes..." Pero ¿qué poderes? No precisamente aquellas atribuciones que le corresponden, a título personalísimo, al actual Jefe del Estado. Y entre ellas están precisamente las concedidas por las leyes de] 30 de enero de 1938 y del 8 de agosto de 1939. Piénsese que tales atribuciones le fueron concedidas a Franco a título personal, pues el artículo 17 de la ley de 30 de enero de 1938 dice: "Al Jefe del Estado, que asumió todos los poderes por virtud del decreto de la Junta de Defensa Nacional de 29 de septiembre de 1936, corresponde la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general." Y el decreto del 29 de septiembre de 1936, en su artículo primero, se explica así: "En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Junta de Defensa Nacional se nombra jefe del Gobierno del Estado español al Excelentísimo señor General de División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado."

Se puede concluir, pues, que las atribuciones legislativas y ejecutivas concedidas actualmente al Jefe del Estado son* facultades vitaliciamente vinculadas al Caudillo. En consecuencia, no se debe divorciar el problema del nombramiento de un jefe de Gobierno del de la designación del sucesor al actúa! Jefe del Estado y de su acceso efectivo a la suprema Magistratura. Se hallan estrechamente unidos. De ahí la importancia que reviste la sucesión al actual Jefe del Estado, que traerá consigo la posibilidad d> que el desdoblamiento de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno, previsto por la Ley Orgánica del Estado, pueda realizarse, y con ello que la vida política del país y de sus instituciones cobre un color más democrático, tal y como hemos insinuado anteriormente.

(Ver MADRID. 5-VI-69, "La sucesión política en España.)

POR JUAN FERRANDO

 

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