Autor: Peces-Barba Martínez, Gregorio. 
 Balance de la Ley de Prensa e Imprenta. 
 Tres reformas necesarias     
 
 Madrid.    14/11/1969.  Páginas: 1. Párrafos: 15. 

O Balance de la ley de Prensa e Imprenta

TRES REFORMAS NECESARIAS

Por Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ

Tras las observaciones que hacíamos ayer (ver MADRID 13 de noviembre de 1969, página 3), referidas a los aspectos generales de la legislación de Prensa e Imprenta, es conveniente entrar en el análisis de los extremos del texto que más dificultad han podido producir en su aplicación práctica. No se trata de una exposición didáctica y sistemática, sino de señalar aquellas cuestiones a las que es preciso dar respuesta para que la legislación de Prensa e Imprenta proteja verdaderamente la libertad de expresión. A nuestro entender, esto exigiría:

1 LIBERTAD DE CREACIÓN DE EMPRESAS

La vigente ley establece el principio de autorización administrativa previa para la iniciación del las actividades de las empresas, a través de la exigencia de su inscripción en un registro de empresas periodísticas (artículo 26 de la ley de Prensa, desarrollado por el decreto 749 66 del 31 de mayo) o de empresas editoriales (artículo 51, desarrollado por ei decreto 748/66 de 31 de marzo). El procedimiento de inscripción paralelo para ambos tipos de empresa se regula en los artículos 27 y 52 y los dos decretos anteriormente citados, y ti bien no cabe la denegación de la inscripcion, cuando se hayan •portado los datos exigidos en el articulo 52 para las empresas editoriales, y sólo por tes cansas taxativas establecidas en el artículo 29 para las empresas periodísticas, no se establece on placo para que la Administración produzca la Inscripción.

Por esta laguna inexplicable, • (adoso por la propia exigencia de h autorización eri sí, se produce

en este supuesto una considerable disminución de las posibilidades del ejercicio de la libertad de

por nadie de e Imprenta. La legitimación para ser titular de uní, empresa periodística o editorial no debería producirse por concesión administrativa, sino por manifestación de voluntad constituyente de los interesados, expresada en ta forma que nuestra legislación dril y mercantil establece.

Sólo la libertad de creación de empresas garantiza plenamente, • nuestro juicio, el ejercicio de este derecho. En la práctica se están produciendo casos de retraso o de silencio administrativo que impiden la iniciación o el desarrollo pleno de actividades a empresas editoriales o periodísticas. Por supuesto, lo anterior no obsta para que la Administración pueda ejercitar un control que garantice h sujeción a la ley de las empresas, sin olvidar la necesidad de) control ya señalado de los propios periodista y de la opinión pública.

2 FIJACIÓN CLARA Y RESTRICTIVA DE LOS LIMITES DE LA LIBERTAD

Toda libertad social o politica es expresión de la libertad psicológica, simple dato de la naturaleza, y camino pan lo que San Pablo llamaba la libertad para el Bien; es decir, para la plenitud, para la realización integral de la personalidad. Las limitaciones de la libertad social y política deben ser establecidas con carácter restrictivo y en lo que sea absolutamente necesario. Estos principios adquieren especial relieve en la libertad de expresión. Stuart Mill dice que "el daño peculiar de acallar la expresión de ora opinión consiste ea despojar a te raza humana, tanto • las generaciones Moras como a la existente".

El trabajo cientifico de juristas T de filósofo* permite boy, en esto campo de los limites a las libertades o a lo* derechos subjetivos, establecer nn catálogo concreto de los mismos para garantizar sn ejercicio. Los limites al ejercicio de todos los derechos, y en este caso a h libertad de expresión a través de b Prensa y de b Imprenta, son cuatro: el derecho ajeno, el Bien Común, el Orden Público y la moral vigente. & comparamos estos límites con la redacción de la ley de Prensa e Imprenta en sw artículo segundo veremos lo desafortunado y extensivo de ésta y concluiremos en la necesidad de su modificación.

Dice el artículo segundo: "La libertad de expresíón y el derecho a la difusión de las informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral, el acatamiento a la ley de Principios del Movimiento Nacional y demás leyes fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden publico Interior y la paz exterior; el debido respeto a las instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los

Tribunales y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar."

Es evidente que todos los limites del artículo segundo que deben ser mantenidos se encuentran incluidos en los cuatro puntos señalados anteriormente. La ambigüedad de los términos d«l artículo segundo, y sobre todo la competencia otorgada a la Administración, a la que luego tíos referiremos, para decidir lo que sea o no infracción a los límites convierte a este artículo segundo en el auténtico caballo de batalla de U ley de Prensa e Imprenta. Desde aquí propugnamos su supresión y la referencia expresa si se quiere, aunque no es necesaria por ser un problema de teoría general del Derecho, a los cuatro límites «fne anteriormente hemos señalado. Esto y lo referente a la competencia sancionad ora son b clave para un funcionamiento adecuado de la libertad de Prensa e Imprenta.

3 FIJACIÓN CLARA Y UNITARIA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD

La vigente ley de Prensa e Imprenta hace concurrir la responsabilidad penal, con la civil que ésta puede lleva» aparejada, y b responsabilidad admínistrativa (Vid. capítulo X, artículo 63 y siguientes). SI conjugamos esta concurrencia coa la ambigüedad del artículo segando habremos llegado ai núcleo del tema. Una polémica 40* en las páginas de "Cuaderno!! para el Diálogo" se ha producido a consecuencia de mi artículo "El honor de los demás", con anas puntualizaciones de la Dirección General de Prensa y con uto certera intervención del profesar Jiménez de Parga, no han hecho sino confirmar la ambigüedad del sistema. El expediente abierto al diario "Ya" por la noticia de la dimisión del ministro de Hacienda, sin citar caso* más lejano* ea el tiempo, pero más próximos a estas entrañable* paginas, explicán lo peligroso del citado sistema. Estamos ante nn problema que afecta a la propia certeza del Derecho, que es ua* radical exigencia de la Seguridad Jurídica.

L« «opresión del artículo segundo por nosotros propugnada, y su sustitución por la referencia genérica a los cuatro limites de todo derecho ya señalados, debe ir acompañada de la supresión de la competencia sancionadora de la Administración. Al menos no veo razón ninguna para su mantennimento. Seria de desear que la oportuna intervención d« la Dirección General de Prensa, en la polémica anterior, continuase en este caso si puede suministrar razones que contradigan mi teste.

Las sanciones por infracción a los límites de la ley de Prensa sólo deben producirse con intervención de nuestros jueces o Tribunales de lo Criminal, de acuerdo con nuestra ley rituaria penal, con todas las garantías para los presuntos responsables y siempre que los hechos sean constitutivos de delito o falta. La intervención administrativa y su competencia sancionadora deben mantenerse, y ése es sn limite adecuado para tos incumplmientos de exigencias establecidas en la ley con carácter taxativo, pero no para los limites a la libertad de expresión, coya única infracción real es la constitutiva d« delito.

Coa las modificaciones que aqui defendemos, la ley de Prensa • Imprenta sería, a nuestro juicio, ñute positiva para la finalidad que pretende servir su artículo primero la auténtica protección del derecho a la expresión de tes ideas a través d* la Prensa y de la Imprenta

 

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