Autor: García de Enterría, Eduardo. 
 Colegios profesionales. 
 Actos administrativos nulos de pleno derecho     
 
 Ya.    06/05/1973.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 7. 

ACTOS ADMINISTRATIVOS NULOS DE PLENO DERECHO

II)

EL régimen que el proyecto de ley sobre Colegios Profesionales arbitra para la. anulación de los actos colegiales refuerza aún más esa impresión: de administrativización y encuadramiento político de los colegios. El artículo 8.°, párrafo 4, aplica a "los actos de los órganos colegiales" la técnica de la utilidad de pleno derecho de los actos administrativos, que formula el articulo 47 de la ley dé Procedimiento Administrativo, aunque introduciendo alguna importantísima adición. Con todos los respetos, habría que observar que en todo el amplísimo ámbito donde los colegios se rigen por el Derecho privado la nulidad de pleno derecho d>e sus actos y contratos es la del Código Civil y normas correlativas, que obedece a una lógica totalmente distinta. Pero,- como hemos notado, no sólo se ha trasladado el régimen de la nulidad de los actos administrativos, sino q>ue se ha añadido alguna causa nueva; la más significativa, la siguiente: "cuando (-los actos colegiales) sean contrarios a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino". Esta causa de nulidad no está recogida para los actos de la Administración en el artículo 47 -de la ley de Procedimiento Administrativo, quizá por su misma inconcreción —como !a jurisprudencia del Tribunal Supremo suele declarar al decidir cuando tales Infracciones se intentan hacer valar por los recurrentes—. No se comprende por qué si no se ha Juzgado causa suficiente para afectar tan gravemente a la validez d« los actos de la Administración (cuyas autoridades y funcionarlos sí están vinculados por el juramento de fidelidad del artículo 43 de la Ley Orgánica), han de serlo en el caso de loa colegios; sin duda, se está pensando en una utilización más

política que jurídica de tal supuesta infracción. Pero no para aquí la novedad.

I A novedad absoluta respecto *-* del tratamiento de los actos administrativos nulos de pleno derecho en nuestro ordenamiento es que aquí se acumulan las técnicas de eliminación de esos actos. Por una parte, los decanos o presidentes "estarán obligados a sus pender dichos actos". Nada parecido, según la interpretación que prevalece, y, por de pronto, según la postura procesal y extraprocesal de la Administración, en el caso de los actos administrativos. Y tal suspensión parece definitiva, lo que hace de ella no una suspensión, sino una revocación pura y simple, lo cual se admite aún menos en nuestro Derecho, como vamos a ver, en el caso de los actos de los órganos administrativos mas indiscutibles.

Pero—sigue el proyecto—si los decanos no suspendiesen (para siempre) esos actos de ios colegios el ministro competente." procederá a declarar- ríe unció o a instancia d« cualquier colegiado su nulidad, lo que en el caso de justificarse por contrariedad con los Principios del Movimiento ó Leyes Fundamentales corresponderá al Consejo de Ministros.

BIEN. No existe nada parecido respecto a los actos administrativos nulos de pleno derecho. He aquí que un ministro dispondrá de muchos más poderes para anular un acto de un colegio "adscrito" a su ministerio que para hacerlo con un acto de cualquiera de sus subordinados directos, aun del último de la escala. En efecto, el artículo 109 de la ley de Procedimiento exige para anular un acto administrativo que haya incurrido en cualquiera de las causas de nulidad plena del articulo 47 (que ya sabemos que no incluye la contrariedad con los Principios del Movimiento u otras Leyes Fundamentales), un dictamen del Consejo de Estado, que es aquí, por excepción, vinculante, de modo que si este órgano consultivo no entiende que concurre causa de nulidad, el ministro o el Gobierno no podrán revocar.

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PERO también son mucho más extensos los poderes anulatoridos de los actos colegiales que e]

proyecto reserva a la Administración del Estado que los que ésta puede utilizar respecto a los actos de la Administración Local y aun ¡con los de las asociaciones de derecho común! En efecto, la Administración, en cualquiera de sus órganos (ni el Consejo de Ministros, pues), no puede anular ningún acto del último de los ayuntamientos españoles, sino que únicamente puede suspenderlos provisionalmente, cuando los estime contrarios a las leyes, remitiendo la decisión sobre su validez al Tribunal Contencioso-Administrativo (artículos 361 y siguientes de la ley de Régimen Local y 118 d« la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). El mismo régimen es aplicable a las asociaciones, en respeto del principio de autonomía y libertad asociativa (articulo 10 de la ley de Asociaciones de 1964),

Estas diferencias de régimen marcan de manera definitiva cuál es la verdadera orientación del proyecto, y, a mi modesto juicio, lo desacredita definitivamente ante la opinión jurídica del país.

ES verdad que el proyecto declara que los actos de anulación serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero ge intenta jugar aquí coa él enorme privilegio del carácter no suspensivo del recurso contencioso, carácter que si está Justificado en eJ supuesto normal de actos

de gestión de los servicios públicos (que es el ámbito ordinario de actuación de la Administración), dado que no puede quedar a arbitrio de un ciudadano el paralizar dicha gestión, carece, sin embargo, de la más mínima justificación cuando se trata de medidas represivas. Tras la espectacular voladura con dinamita del edificio del diario "Madrid", cuando aún el tribunal contencioso no ha podido decir si su clausura ha sido o no legítima, parece que caben pocas dudas sobre la .corrección de una técnica que permite (como en el conocido chascarrillo del generalito mejicano) fusilar primero a los encartados y abrir después juicio solemne sobre la legalidad del fusilamiento.

Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA

 

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