Autor: García de Enterría, Eduardo. 
   Actos de los colegios profesionales sometidos a la justicia     
 
 Ya.    08/05/1973.  Página: 7-8. Páginas: 2. Párrafos: 9. 

EDITORIALES Y COLABORACIONES

ACTOS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES SOMETIDOS A LA JUSTICIA

En este último articulo, el profesor García de Enterría habla de la anulación de los actos de los Colegios profesionales.

ME permitiré invocar una solución paralela en el Derecho comparado en materia análoga. No hace mucho, en 1971, el Gobierno francés postuló una modificación de la vieja ley de Asociaciones de 1901.

La modificación parecía, valorada desde nuestros hábitos, de una extraordinaria ponderación: cuando el prefecto recibía la petición de inscripción de una asociación de la que podía sospechar que tenia fines ilegítimos, se le facultaba para remitir el asunto al juez civil, hasta cuya decisión sobre.la legitimidad del acto asociativo quedaba en suspenso el registro de la asociación. El prefecto suspendía, pues, y no denegaba, decisión de fondo que quedaba reservada -al juez. El proyecto, aunque algo mejorado, fue aprobado por la gran mayoría de que el Gobierno diaponía en las Cámaras, pero, sin embargo, en una decisión excepcional de rigor y de finura apreciativa, fue anulado antes de su promulgación como ley por el Consejo Constitucional, llamado a decidir a requerimiento del presidente del Senado, Poner. Esta decisión, de 16 de julio de 1971, se basó en los "principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y solemnemente reafirmado por el preámbulo de la Constitución" respecto a la "libertad de asociación". No se admite otro control sobre el ejercicio de esta libertad qu« el judicial ordinario, y no previo, sino "a posterior!", especialmente a través del procedimiento criminal.

HAY que decir que en esa situación ha venido discurriendo hasta ahora la vida de. nuestros colegios profesionales. Los jueces criminales no han tenido obstáculo alguno para enjuiciar sus posibles usurpaciones de poder, sus atentados hipotéticos contra el orden constitucional y las Leyes Fundamentales del Reino, usurpaciones y atentados que nadie, naturalmente, pretende amparar. Los jueces civiles, igualmente, pueden sin limitación juzgar los actos y contratos que desarrollan en este orden. Lo* tribunales contenciosos pueden enjuiciar sin ninguna, dificultad sus actos disciplinarios. Bajo este control judicial, que es más que suficiente para asegurar la observancia estricta de las leyes, ha vivido, y vive, a veces con tensiones, que no siempre son rechazables sin más, un sistema social rico y matizado. ¿Está justificada esta nueva desconfianza del orden judicial, no obstante ser el único MI que verdaderamente confian, sin excepción, todos los ciudadanos? El control legal está asegurado con el sistema existente; apartarse de £1 sólo puede justificarse por un control político, nue si existió en los tiempos inmediatos a IB guerra civil, parece un tanto sorprendente Intentar resucitar a la altura en que estamos.

EL tema es muy extenso y aún podría ser desarrollado mucho más. Diré sólo que juzgo también inadmisible la consagración (y por cierto que sorprende que sea una de las escasísimas reglas de fondo que el proyecto recoge sobre la constitución de los colegios) del régimen abusivo que está presente en algunos colegios de que participen en el gobierno de la corporación profesional los que no son profesionales, Jos llamados "no ejercitantes" (que en ocasiones no están en esta situación por decisión voluntaria, sino por estricta incapacidad legal), sin perjuicio de que los mismos puedan gozar d« algunos servicios colegiales. Por último, y refiriéndome ya a un tema que me es más próximo, el de la organización profesional de los abogados, que su regulación, como ligada al funcionamiento mismo de la justicia, ha de encontrar su lugar más apropiado (comí) es común en todos los países) en el ordenamiento de la justicia (cuya "completa independencia" proclama también otro artículo de la Ley Orgánica del Estado, el 29, independencia que, sin duda alguna, he • de entenderse aplicable a la profesión de abogado, que a su vez exige la de su organización profesional). Es en Va ordenación de la justicia, cuya ley orgánica se viene anunciando como Inminente, donde ha de regularse la profesión forense, y no en una ley abstracta referida a todas las profesiones, como la que con tan poca fortuna pretende el proyecto estudiado,

A propósito del tema de la nulidad de los actos de los colegios de abogados, citaré también el ejemplo francés que procede de una regulación de 1941 (procedente del Gobierno autoritario de Vichy), y que reitera la reciente ley de 31 de diciembre de 1971 (cuyos últimos decretos apilcativos son apenas de hace unos meses). Dice el articulo 19 de esta última ley: "Toda deliberación o decisión de los órganos del colegio (conseil de l´ordre) extraña a las atribuciones de dicho colegio o contraria a las disposiciones legislativas o reglamentarias es anulada por la audiencia (cour d´appel) mediante acción del fiscal general (procureur general). Pueden igualmente ser deferidas a ta audiencia, a demanda del Interesado, las deliberaciones o decisiones del colegio que lesionen los intereses profesionales de un abogado." En el debate de esta ley se hizo notar que, por la peculariaridad de la organización corporativa de los abogados, y por su estrecha vinculación a la justicia, parecía más adecuado ese régimen, en el que interviene un órgano de la jurisdicción ordinaria, que no el especifico control a través de la jurisdicción especial contencioso-administrativa.

Todos estos matices y la preocupación que entrañan por una sana vida profesional, que es donde está el verdadero interés público, quisiéramos verlos pronto entre nosotros, en tugar del proyecto que se nos ofrece.

Eduardo GARCÍA DE ENTEBRIA

 

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